El Gobierno de Guanajuato, liderado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, adjudicó de manera directa un contrato multianual por 719 millones 982 mil pesos a Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V., empresa que proveerá la renta de 162 patrullas, incluidas 30 con blindaje.
La autorización de este convenio se dio durante la 11ª Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, celebrada el 11 de julio de 2025, sesión en la que se argumentó que la divulgación de las especificaciones técnicas podría “afectar la seguridad pública”. Esta justificación está contemplada en la Ley de Contrataciones Públicas estatal, una cláusula prevista que faculta al gobierno a prescindir de un proceso de licitación.
El contrato fue firmado el 14 de julio, pero la gobernadora lo anunció públicamente hasta el 8 de diciembre, durante un evento en Irapuato junto al secretario de Seguridad y Paz, Juan Manuel González Martínez, como parte de la estrategia CONFIÁ y el programa Carreteras Seguras.
Según la cláusula vigésima tercera, el arrendamiento estará vigente hasta el 7 de abril de 2030. Con el monto total contratado, cada patrulla tendrá un costo promedio de 4.4 millones de pesos para el estado.
Historial de contratos y señalamientos a Turbofin
Turbofin —propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain Bimstein— se ha consolidado en los últimos años como una de las arrendadoras más favorecidas por gobiernos estatales y municipales, con contratos superiores a 2 mil millones de pesos en lugares como Ensenada, Tijuana, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Durango, Yucatán y la Alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México.
La empresa ha sido señalada por presuntas irregularidades. En marzo pasado fue cuestionada en Hidalgo por la adjudicación de un contrato superior a 27 millones de pesos para la renta de vehículos en Mineral de la Reforma.
Otro caso polémico es el contrato asignado por el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama Espinosa, que habría entregado a Turbofin un acuerdo por 1,200 millones de pesos para suministrar 334 vehículos policiacos y un helicóptero a la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal de Playa del Carmen, de Estefanía Mercado, según fuentes internas.
Aunque los Lijtszain controlan también el conglomerado de transporte Traxión, listado en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2017, Turbofin opera fuera del escrutinio bursátil, sin publicar estados financieros ni prácticas corporativas, pese a manejar contratos públicos importantes. En 2025, además, recibió cinco asignaciones federales por aproximadamente 74 millones de pesos, de acuerdo con datos de Compras MX.
El posible escrutinio federal
A la expansión de Turbofin se suma un elemento de interés público: su presunto vínculo con el empresario Jack Landsmanas, dueño del Corporativo Kosmos, uno de los proveedores gubernamentales más cuestionados. Fuentes consultadas señalan que Landsmanas ha fungido como un promotor clave de Turbofin ante gobiernos estatales y municipales.
La relación adquiere mayor relevancia luego de que, según la columna de Carlos Loret de Mola del 9 de diciembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos estaría investigando a Landsmanas.
La decisión del Gobierno de Guanajuato de asignar directamente un contrato de casi 720 millones de pesos a una empresa con este historial, sin competencia, podría ser revisada por la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción, indicaron fuentes. El caso ha generado atención no sólo por el uso de una excepción legal, sino por la necesidad de revisar la relación operativa y financiera entre Turbofin y Traxión, cuya conexión con Landsmanas añade un componente adicional de interés público.
