La exigencia de transparencia dentro del Poder Judicial de la Federación, las alertas y quejas sobre el desempeño de la jueza Cristina Martínez Aguilar e integrantes de este juzgado se siguen acumulando
La exigencia de transparencia dentro del Poder Judicial de la Federación, las alertas y quejas sobre el desempeño de la jueza Cristina Martínez Aguilar e integrantes de este juzgado se siguen acumulando
El llamado nuevo poder judicial comienza a dar visos de riesgos en la impartición de justicia, abogados y operadores del sistema de justicia en Baja California advierten de una serie de suspensiones concedidas por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito, con sede en Tijuana y a cargo de la jueza Cristina Martínez Aguilar, cuyos efectos habrían incidido en medidas de prisión preventiva dentro de procesos por delitos de alto impacto, entre ellos homicidio calificado y secuestro.
Los cuestionamientos parten de diversos juicios de amparo promovidos contra medidas cautelares dictadas por jueces de control. La documentación revisada muestra casos en los que las resoluciones federales derivaron en nuevas audiencias para modificar la prisión preventiva y, al menos en uno de los expedientes analizados, permitieron que el imputado continuara su proceso en libertad.
Entre los asuntos que llaman la atención aparecen los amparos 852/2026 y 792/2026, promovidos a favor de un mismo sujeto. Ambos asuntos están relacionados con procesos por homicidio calificado y fueron tramitados ante el mismo órgano jurisdiccional en un periodo muy cercano: sus principales actuaciones se concentraron entre agosto y septiembre de 2026.
En el expediente 792/2026, una suspensión provisional llevó a revisar la prisión preventiva impuesta dentro de un proceso por homicidio calificado. En el 852/2026 ocurrió algo similar, tras concederse la suspensión, se celebró una nueva audiencia y la medida cautelar fue sustituida, lo que permitió la libertad del imputado mientras continuaba el proceso.
La cercanía temporal no acredita por sí misma una irregularidad, pero forma parte de un grupo más amplio de resoluciones que abogados locales consideran necesario revisar, junto con el turno de los asuntos, los criterios utilizados para conceder las suspensiones y los efectos que tuvieron sobre las medidas de prisión preventiva.
Las dudas se extienden a otras resoluciones atribuidas al mismo Juzgado Décimo Segundo de Distrito, entre ellas los incidentes de suspensión 517/2026-VII, 530/2025-VII y 153/2026-V, relacionados con investigaciones por homicidio calificado. Estos últimos casos incluso trascendieron el ámbito judicial después de que la madre de una víctima expusiera el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una de sus conferencias.
Los cuestionamientos también alcanzan procesos por secuestro. En el amparo 846/2026-I y su incidente de suspensión, relacionado con la causa penal 1065/2023, la representación ministerial promovió un recurso de queja contra la determinación del juzgado al considerar que sus efectos incidían en la medida cautelar impuesta dentro del proceso penal.
Otro de los puntos señalados por abogados tiene que ver con la intervención de terceros interesados. Litigantes sostienen que en algunos procedimientos no habrían sido llamados todos aquellos con interés jurídico en las consecuencias de las suspensiones, entre ellos representantes de víctimas o autoridades ministeriales.
A este escenario se agregan referencias a quejas relacionadas sobre posibles operadores o intermediarios relacionados con personal del juzgado que presuntamente gestionaría resoluciones favorables, así como de la actuación de este órgano jurisdiccional que habrían sido presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial y que, según integrantes del foro jurídico local, continúan pendientes de resolución.
Otro de los puntos señalados por abogados tiene que ver con la intervención de terceros interesados. Litigantes sostienen que en algunos procedimientos no habrían sido llamados todos aquellos con interés jurídico en las consecuencias de las suspensiones, entre ellos representantes de víctimas o autoridades ministeriales.
A este escenario se agregan referencias a quejas relacionadas sobre posibles operadores o intermediarios relacionados con personal del juzgado que presuntamente gestionaría resoluciones favorables, así como de la actuación de este órgano jurisdiccional que habrían sido presentadas ante el Tribunal de Disciplina Judicial y que, según integrantes del foro jurídico local, continúan pendientes de resolución.
