Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, a 11 de febrero de 2026.– Una iniciativa de reformas a la Ley Estatal Anticorrupción busca poner fin a los altos salarios y a la falta de supervisión de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción en Quintana Roo.
La propuesta, que ya fue turnada a comisiones para su análisis, plantea ajustar los ingresos de estos funcionarios bajo políticas de austeridad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
Actualmente, los cinco miembros del CPC perciben ingresos equivalentes al salario total de un secretario de gabinete estatal, que oscilan entre 78 mil y 113 mil pesos mensuales, de acuerdo con portales de información pública.
La reforma argumenta que no existe equivalencia real entre las responsabilidades de un secretario de gabinete y las de un integrante del comité, por lo que propone cambios sustanciales en el esquema de remuneraciones.
Al no existir una relación laboral formal, se plantea eliminar aguinaldos y otras prestaciones; la remuneración se limitaría únicamente al sueldo base de un secretario de gabinete, y el vínculo legal con el Estado sería exclusivamente mediante contratos de prestación de servicios profesionales.
Nuevas obligaciones
Para fortalecer la transparencia y el uso correcto de recursos públicos, la iniciativa establece nuevas obligaciones, como la entrega de un reporte individual mensual de actividades, el cual deberá presentarse el último día de cada mes.
Dichos informes serán públicos y deberán subirse de manera obligatoria a la Plataforma Nacional de Transparencia; además, se incorporan causales de remoción para los integrantes que incumplan con sus funciones o responsabilidades.
La reforma también obligará a realizar reuniones de trabajo mensuales para dar seguimiento a las acciones de combate a la corrupción en la entidad.
Adicionalmente, se propone una reingeniería operativa del Sistema Anticorrupción, que incluye la obligación de contar con oficinas físicas en Chetumal para la atención directa a la ciudadanía.
Reordenan estructura
La iniciativa plantea integrar al Comité Coordinador Estatal a la Comisión Anticorrupción y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de excluir al instituto de transparencia local (IDAIPQROO) y actualizar la denominación de dependencias que han cambiado de nombre.
También se contempla una modificación en la redacción de la ley para incorporar lenguaje neutro de género.
Actualmente, el Comité de Participación Ciudadana está conformado por su presidenta, Alejandra Rodríguez Campíran, y como integrantes Josué Alberto Sosa, Carolina Mendoza Polanco, Vicente Aguilar Rojas y Mario Edgardo Vargas.
Finalmente, se informó que en marzo se llevará a cabo la rendición del informe anual del comité y la rotación de la presidencia, la cual será asumida por Josué Alberto Sosa.
