Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, a 23 de febrero de 2026. – El grupo parlamentario de Morena en la XVIII Legislatura analiza una iniciativa para legislar y sancionar la difusión de noticias falsas (fake news) en Quintana Roo.
El objetivo es establecer castigos penales o administrativos contra quienes compartan información diseñada para generar miedo, psicosis o desacreditar la labor gubernamental.
El coordinador del grupo parlamentario guinda, Jorge Sanén Cervantes, señaló que se revisará el marco legal vigente para determinar si estas conductas deben tipificarse como delito con pena de cárcel o castigarse con multas administrativas.
El legislador aseguró que la propuesta busca un equilibrio jurídico, evitando vulnerar la libertad de expresión, pero poniendo freno a la desinformación que afecta la paz pública.
“Generar alarma y psicosis con desinformación no es sano para nadie; se comenzará a legislar al respecto sin dañar la libertad de expresión”, afirmó.
Ola de rumores
La iniciativa surge tras los hechos del pasado fin de semana, relacionados con información difundida a nivel nacional sobre el fallecimiento de un líder criminal, que derivó en una ola de rumores.
Según el diputado, en Quintana Roo circularon publicaciones falsas sobre supuestos ataques masivos, atentados contra aeronaves comerciales e incursiones armadas, lo que generó alarma entre la población.
Sanén Cervantes lamentó que incluso el exsecretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, participara en la difusión de información incorrecta.
Afirmó que, pese a los rumores, la estrategia de seguridad estatal reportó saldo blanco y daños materiales menores, con una situación controlada en pocas horas.
El legislador también denunció el uso de “granjas de bots” por parte de grupos de oposición para desestabilizar al gobierno estatal y federal, y adelantó que se abrirán mesas de trabajo con autoridades de seguridad para sustentar técnicamente la propuesta.
Insistió en que la desinformación dolosa no es crítica política, sino un acto de manipulación que debe tener consecuencias legales.
