Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.— Luego de que la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de un “Plan B” que busca rescatar parte de los objetivos de su propuesta original mediante cambios legislativos enfocados principalmente en la reducción de gastos políticos y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
La iniciativa original no logró la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, al obtener 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, lo que impidió su aprobación en el pleno de San Lázaro.
¿En qué consiste el Plan B de la reforma electoral?
El Plan B anunciado por la mandataria plantea ajustes al gasto público y cambios en mecanismos de participación democrática, con el objetivo de reducir lo que el gobierno considera excesos en el sistema político mexicano. Entre sus principales ejes destacan:
- Establecer topes al presupuesto de los congresos locales, para evitar disparidades en el costo por legislador entre estados.
- Reducir el número de regidurías en los municipios, con el argumento de disminuir estructuras burocráticas y gastos administrativos.
- Fortalecer las consultas populares, permitiendo que temas como el financiamiento público a partidos puedan someterse a votación ciudadana.
- Revisar el calendario de revocación de mandato, con la posibilidad de realizar este ejercicio entre el tercer y cuarto año de gobierno.
De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas podrían generar ahorros cercanos a 4 mil millones de pesos, recursos que permanecerían en estados y municipios para obras públicas y servicios locales.
Nueva iniciativa será enviada al Congreso
La presidenta adelantó que la nueva propuesta legislativa será enviada al Congreso el próximo lunes 16 de marzo, una vez que se concluyan los ajustes técnicos y jurídicos al documento.
Sheinbaum señaló que aún se analiza si el proyecto será presentado primero ante la Cámara de Diputados o el Senado, aunque expresó confianza en que esta versión pueda reunir el respaldo necesario para su aprobación.
La reforma electoral original del Ejecutivo buscaba reducir el financiamiento a partidos, modificar el sistema de representación proporcional y disminuir el número de senadores, entre otras medidas para recortar el gasto electoral.
Sin embargo, la propuesta generó divisiones incluso dentro del bloque oficialista, ya que legisladores del PT y del Partido Verde, aliados de Morena, se sumaron a la oposición —integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— para rechazarla, lo que representó el primer revés legislativo importante para la presidenta en el Congreso.
Pese al resultado adverso en San Lázaro, la mandataria sostuvo que el objetivo central de la reforma se mantiene: reducir privilegios y gastos en el sistema político mexicano, al considerar que el actual modelo electoral representa costos excesivos para el país.
El gobierno federal confía en que la nueva propuesta logre avanzar en el Congreso y permita impulsar cambios graduales en el sistema electoral sin requerir necesariamente reformas constitucionales de gran alcance.
