MONTERREY, NL., a 6 de julio de 2026.- El gobierno de Samuel García realizó nuevos ajustes dentro de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del llamado impuesto verde y por críticas de organismos empresariales sobre sus efectos en sectores productivos de Nuevo León.
De acuerdo con la administración estatal, los cambios forman parte de una reestructuración administrativa orientada a fortalecer la operación interna de la dependencia y mejorar la gestión de las finanzas públicas.
Entre los movimientos anunciados destaca el nombramiento de Carlos Contreras Segovia como nuevo titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. El funcionario llega a esa posición después de haberse desempeñado como subsecretario de Administración Tributaria.
En su lugar fue designado Fernando Javier Villarreal Caballero, quien hasta ahora ocupaba la Dirección de Patrimonio y asumirá la Subsecretaría de Administración Tributaria, una de las áreas clave para la operación recaudatoria del gobierno estatal.
La dependencia continuará, por ahora, bajo la conducción de Ulises Carlín de la Fuente, quien permanece como encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado mientras se define la titularidad formal de la institución.
Cambios bajo presión fiscal
Los nombramientos ocurren en un momento sensible para la administración estatal, debido a las dudas que persisten sobre el destino de los recursos obtenidos mediante el impuesto verde, un gravamen aplicado a empresas con emisiones contaminantes y a la extracción de materiales pétreos.
Aunque el Ejecutivo estatal ha sostenido que lo recaudado sería destinado a proyectos ambientales y de infraestructura, hasta ahora no existe un desglose público que permita conocer con precisión cuánto se ha captado, qué obras han sido financiadas con esos recursos ni cuáles han sido los resultados concretos de su aplicación.
La falta de información detallada ha sido señalada por representantes del sector privado, quienes han cuestionado que la política fiscal del estado privilegie la recaudación y el aumento de cargas para las empresas, por encima de incentivos que permitan atraer nuevas inversiones, elevar la competitividad y mantener el dinamismo económico.
Organismos empresariales también han advertido que el impuesto habría elevado los costos de producción, especialmente en la industria de la construcción. En particular, han señalado que el gravamen aplicado a la extracción de materiales pétreos habría impactado en el precio de insumos utilizados por el sector.
De acuerdo con cifras del Inegi, el valor de la construcción en Nuevo León registró una caída anual real de 2.3 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Canadevi y la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León han atribuido parte de este deterioro al exceso de trámites estatales y municipales, así como al impacto del impuesto sobre los materiales de construcción.
Los ajustes en Tesorería se suman a otros movimientos realizados por la administración de Samuel García en distintas dependencias durante los últimos meses. Mientras tanto, el debate sobre la transparencia en el manejo del impuesto verde y la necesidad de una política fiscal que combine orden financiero con incentivos a la inversión continúa abierto entre el gobierno estatal y la iniciativa privada.
