CIUDAD DE MÉXICO, a 21 de julio de 2026.— A pocos días de que se emita el fallo de una de las licitaciones más importantes del año, comenzaron a circular versiones al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre presuntas presiones en torno al procedimiento para contratar el servicio consolidado de arrendamiento vehicular destinado a más de 90 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
De acuerdo con fuentes consultadas dentro de la dependencia, el equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, enfrentaría una intensa labor de cabildeo en la etapa previa a la resolución de la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026, cuyo fallo está previsto para el próximo 31 de julio.
Las mismas fuentes sostienen que dichas gestiones serían impulsadas presuntamente por Jorge Trejo Bermúdez, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SHCP, con el supuesto respaldo de funcionarios que permanecen en la dependencia desde la gestión de la entonces oficial mayor Thalía Lagunas. Según esas versiones, el objetivo sería que el procedimiento terminara siendo declarado desierto.
Un contrato estratégico
Las fuentes consultadas también señalaron que algunas de las empresas participantes, entre ellas Casanova Vallejo e Impulsa tu Ganancia de la mano de Arrendo Serv, habrían logrado retrasar el inicio de la revisión de las propuestas económicas, así como la publicación del acta correspondiente a la evaluación.
La licitación representa uno de los procesos de contratación de mayor alcance para la administración federal. La convocatoria contempla el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos, distribuidos en 30 partidas, para atender las necesidades operativas de más de 90 dependencias y entidades durante un periodo de 48 meses, con recursos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2026 a 2030.
Entre las instituciones consideradas dentro del contrato se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Banco del Bienestar, la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias de la Administración Pública Federal.
Las fuentes consultadas advirtieron que, en caso de que el procedimiento fuera declarado desierto, sería necesario replantear el proceso de contratación, lo que podría retrasar la disponibilidad de la flotilla vehicular requerida por diversas instituciones para desarrollar actividades operativas y prestar servicios públicos.
De manera paralela, funcionarios consultados indicaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, mantiene seguimiento al desarrollo del procedimiento. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido un posicionamiento público sobre las versiones difundidas al interior de la SHCP.
