Chetumal, 15 de diciembre. –Durante el 2026, autoridades de los tres órdenes de gobierno, empresarios y la sociedad civil buscarán llevar a cabo acciones concertadas para transformar a Chetumal en una ciudad verdaderamente inclusiva y amigable con las personas con discapacidad.
Esto se realizará en cumplimiento del ya vigente “Reglamento de Inclusión para Personas con Discapacidad”, aprobado por el Cabildo de Othón P. Blanco.
La normatividad municipal, que fue construida con más de 300 propuestas de grupos diversos y asociaciones civiles de personas con discapacidad, incluyendo a empresarios, consensó y estableció compromisos y obligaciones para los sectores de turismo inclusivo y comercio, principalmente.
Este importante documento ordena, entre otras cosas, la liberación de banquetas: prohibir su uso como estacionamientos por particulares o negocios.
Además de construcción de rampas y accesos en negocios y edificios públicos; adecuar banquetas, guarniciones y postes para permitir una fácil movilidad; así como establecer servicios adaptados para personas con discapacidad visual y auditiva.
El regidor Jorge Herrera Aguilar, promotor de una de las tres iniciativas que impulsaron este reglamento, sintetizó que el objetivo es procurar la inclusión y atención de este segmento poblacional.
Mientras que en la zona urbana el enfoque es la infraestructura que facilite la movilidad, en la zona rural se deben establecer programas de insumos y equipos.
El reglamento está vigente desde finales de septiembre de 2024. Para su aplicación y cumplimiento, se otorgó un plazo de un año a partir de esa fecha para fomentar la participación de la iniciativa privada y que se realicen las adecuaciones necesarias.
El regidor Herrera Aguilar adelantó que, a partir del primer semestre de 2026, áreas competentes del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, como la dirección de Fiscalización, comenzarán a realizar visitas aleatorias para conocer los avances. En caso necesario, se emitirán los exhortos correspondientes.
Y cumplido el plazo de un año, se realizarán verificaciones “más formales” y requerimientos en caso de incumplimiento.
Además, se emitirán las sanciones económicas por no realizar las adecuaciones o hacer un uso incorrecto de las áreas destinadas a personas con discapacidad las cuales pueden ser de entre 5 y 8 mil pesos, advirtió el regidor.
