Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 17 de marzo de 2026.- El nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios, asumió formalmente el cargo con el compromiso de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Durante su primer mensaje ante trabajadores del órgano fiscalizador, el funcionario planteó que su gestión estará guiada por tres principios centrales: cero tolerancia a la corrupción, defensa del dinero público y combate frontal a la impunidad.
El auditor subrayó que la credibilidad de la institución depende de la calidad de las auditorías, la agilidad de los procesos y la confianza que logre generar entre la ciudadanía. En ese sentido, convocó al personal a reforzar el trabajo técnico del organismo y consolidar su prestigio como una de las principales instancias de vigilancia del gasto público en el país.
Hernández Palacios, quien fue designado por la Cámara de Diputados el pasado 10 de marzo en sustitución de David Colmenares Páramo, afirmó que la lucha contra la corrupción debe ir acompañada de una mayor participación ciudadana, por lo que anunció que buscará ampliar los mecanismos de denuncia y seguimiento público a las auditorías.
Propuestas
Entre sus propuestas destaca la modernización institucional, que contempla fortalecer la capacitación del personal, ampliar las capacidades técnicas de la ASF e incorporar herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de fiscalización.
Además, planteó implementar medidas de austeridad administrativa, incluyendo ajustes en salarios de altos mandos, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos dentro de la propia institución.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el proceso de elección del nuevo auditor se realizó con autonomía legislativa y contó con el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
La Auditoría Superior de la Federación tiene entre sus funciones revisar el uso de los recursos públicos federales, fiscalizar la deuda pública y evaluar el desempeño de programas gubernamentales, además de emitir observaciones, recomendaciones y denuncias penales cuando detecta irregularidades en el ejercicio del gasto.
