Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, a 08 de febrero de 2026.- Por razones políticas y el temor a que la medida se interprete como “propaganda electoral”, el Congreso del Estado puso freno a la iniciativa que busca condonar adeudos históricos con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
El cálculo político ha pesado más que la necesidad de miles de familias y los diputados locales decidieron “congelar” la iniciativa de ley que pretendía eliminar deudas impagables de usuarios de la CAPA, cuyos saldos oscilan entre 30 mil y 100 mil pesos, con antigüedades que superan las dos décadas.
El argumento de los legisladores para detener el avance es estratégico, pues temen que la “carga social” de la propuesta se confunda con intenciones electoreras de cara al proceso electoral de 2027, explicó Hugo Alday Nieto, del grupo parlamentario del PT e impulsor de la propuesta.
Mientras tanto, la cartera vencida de la paraestatal sigue inflándose y el servicio para los sectores más vulnerables continúa limitado.
La reforma, construida desde la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, busca modificar el Código Fiscal y la Ley de Cuotas y Tarifas de Agua Potable.
El objetivo es otorgar facultades a CAPA para aplicar un “borrón y cuenta nueva” real.
Mora actual
Actualmente, la paraestatal arrastra una deuda acumulada de más de mil 200 millones de pesos y, según el diputado Alday Nieto, presidente de dicha comisión, sanear esta cartera permitiría que los usuarios, hoy bloqueados por montos impagables, comiencen a facturar desde cero, generando ingresos frescos para el organismo.
La medida está diseñada exclusivamente para personas de escasos recursos, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes han visto restringido su derecho al agua por falta de pago.
Aunque durante lo que va de la administración de Mara Lezama se han condonado cerca de 86.3 millones de pesos en multas y recargos, la deuda principal persiste.
Solo en el último año, se perdonaron 33 millones de pesos a 1,131 usuarios; sin embargo, al no eliminarse el capital, el adeudo vuelve a crecer rápidamente debido a la legislación vigente, haciendo que cualquier “ayuda” actual sea solo un mejoral para una enfermedad terminal.
La intención, hoy frenada por motivos políticos, es replicar modelos de éxito como el de la Ciudad de México, donde la condonación total permitió a las familias recuperar el suministro y al gobierno regularizar su padrón de cobro.
Por ahora, el acceso pleno al agua potable para miles de hogares queda en pausa, atrapado en la agenda de los tiempos políticos de la legislatura.
