Ciudad de México, a 24 de marzo de 2026.- Un juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime N., por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el proyecto de la planta fotovoltaica en Mexicali, un caso que ha escalado como uno de los más relevantes en materia de presunto desvío de recursos en la entidad.
La resolución judicial establece que existen indicios suficientes para investigar al exmandatario por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, presuntamente cometidos durante la firma y ejecución del contrato del proyecto energético.
El caso gira en torno al acuerdo suscrito con la empresa Next Energy, mediante el cual se planteaba la instalación de una planta fotovoltaica en Mexicali, bajo un esquema que comprometía recursos públicos a largo plazo.
Fiscalía señala daño patrimonial
El Ministerio Público argumentó que el esquema financiero utilizado habría permitido comprometer recursos del estado sin garantías suficientes ni cumplimiento de requisitos legales, lo que derivó en un posible daño patrimonial.
Según la acusación, se autorizaron mecanismos que posibilitaron la disposición anticipada de fondos públicos, aun cuando el proyecto no contaba con permisos clave ni avances físicos, lo que constituye, a juicio de la Fiscalía, un uso indebido de facultades.
La defensa de Jaime N. ha sostenido que no existen elementos para acreditar los delitos imputados y que el proyecto energético fue planteado como una alternativa para fortalecer el suministro eléctrico en Baja California.
El exgobernador ha insistido en que las acusaciones parten de una interpretación incorrecta del proyecto, asegurando que no hubo intención de causar daño al erario y que las decisiones se tomaron dentro del marco legal.
Proyecto cancelado y bajo investigación
El proyecto de la planta fotovoltaica fue cancelado en 2022 tras una serie de cuestionamientos por irregularidades administrativas y financieras. Posteriormente, autoridades estatales iniciaron auditorías y denuncias que derivaron en procesos judiciales contra exfuncionarios y actores involucrados.
El caso también incluyó la revisión de contratos con instituciones financieras, así como la recuperación de recursos comprometidos en el esquema original.
Con la vinculación a proceso, el exgobernador continuará enfrentando la investigación judicial mientras se desarrollan las etapas complementarias del proceso. El juez determinará las medidas cautelares correspondientes y los plazos para la integración de pruebas.
El caso Next Energy se perfila como un referente en el combate a la corrupción a nivel estatal, al involucrar decisiones de alto nivel en el manejo de recursos públicos.
