Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, 27 de febrero de 2026.– El Congreso del Estado inició formalmente el trámite legislativo para transformar el sistema de transporte público en Quintana Roo mediante el denominado Proyecto MOBI, una iniciativa que busca consolidar un modelo de movilidad con mayor estabilidad jurídica y financiera.
El paquete de reformas, presentado por la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO), plantea que el Estado asuma la gestión del transporte urbano en aquellos municipios que lo soliciten, con el objetivo de evitar que el servicio se vea afectado ante cada cambio de administración municipal.
La propuesta contempla reformas a la Ley de Movilidad para que el IMOVEQROO pueda firmar convenios de coordinación con los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez, permitiendo una participación directa del Gobierno del Estado en la regulación de rutas y en los contratos con empresas concesionarias.
De acuerdo con la iniciativa, la adhesión al esquema será voluntaria para los municipios, manteniendo sus competencias locales, pero bajo una planeación estratégica de carácter estatal. El objetivo es avanzar hacia un modelo integral que supere la fragmentación actual del sistema.
Blindaje presupuestal
Uno de los puntos centrales del Proyecto MOBI es la reforma a la Constitución local para incorporar el principio de no regresividad presupuestal en materia de movilidad.
Con esta modificación, el Congreso del Estado quedaría obligado a asignar anualmente un presupuesto que, como mínimo, sea equivalente al del ejercicio fiscal anterior. Para 2025 y 2026, el monto destinado a movilidad superó los 200 millones de pesos, cifra que quedaría establecida como piso financiero para infraestructura y operación del sistema.
El esquema MOBI plantea la transición hacia un sistema integrado que incluya la implementación de tarjetas electrónicas u otros mecanismos digitales para eliminar el uso de efectivo.
Asimismo, contempla el uso de tecnología para monitorear horarios y ubicación de las unidades en tiempo real, ampliar la cobertura del servicio y establecer centros de control que supervisen la seguridad vial y el cumplimiento de los recorridos.
La iniciativa también sienta las bases jurídicas para la creación de fideicomisos y mecanismos de supervisión que otorguen certidumbre a las inversiones en infraestructura y operación del transporte público.
Con ello, el Gobierno estatal busca garantizar continuidad financiera y operativa al sistema de movilidad, independientemente de los ciclos políticos municipales, y consolidar un modelo estructural que transforme el transporte público en Quintana Roo.
