Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 07 de septiembre de 2026.- Lo que comenzó con el aseguramiento de un cargamento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas, llevó a la Fiscalía General de la República (FGR) a una presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, con ramificaciones en aduanas, puertos y empresas.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó que la investigación apunta a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina, como piezas centrales de una red que habría permitido introducir combustible desde Estados Unidos mediante mecanismos para evadir controles fiscales y aduaneros.
De acuerdo con la Fiscalía, los buques zarpaban principalmente desde Texas con cargamentos de hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivo, una maniobra que presuntamente buscaba modificar el tratamiento fiscal de la mercancía. Para permitir el paso de los embarques, servidores públicos y agentes aduanales habrían recibido pagos ilegales.
Inspecciones simuladas y cámaras apagadas
La red, según la reconstrucción presentada por Godoy, habría establecido mecanismos para realizar inspecciones superficiales, manipular muestras y volúmenes o liberar el combustible sin una revisión adecuada. También se habrían programado los arribos para desactivar cámaras de seguridad durante las descargas.
Una vez que el combustible llegaba a tierra, era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras que otras compañías presuntamente utilizadas como fachada y triangulaciones financieras servían para dar apariencia legal a las ganancias obtenidas.
La investigación también alcanzó una bodega que Manuel Roberto Farías Laguna presuntamente arrendaba en la Ciudad de México. En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, armas sin registro, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial.
La FGR indicó que las operaciones relacionadas con esta presunta estructura fueron identificadas en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. Godoy sostuvo que las investigaciones continuarán para determinar el grado de responsabilidad de cada persona involucrada.
