Por Staff
La empresa Broxel, encabezada por Gustavo Gutiérrez Galindo, fue contratada por la Cámara de Diputados para distribuir los monederos electrónicos que recibieron los 254 legisladores de Morena, una operación que generó cuestionamientos por el monto de los recursos y que adquiere relevancia ante los antecedentes de denuncias, sanciones e investigaciones que enfrenta la compañía por sus servicios a instituciones públicas.
De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, los diputados morenistas recibieron tarjetas de la marca Broxel, correspondientes al producto corporativo Tengo Negocios, con saldos precargados de 10 mil pesos. La publicación reportó inicialmente la entrega de cinco plásticos por legislador, equivalentes a 50 mil pesos por diputado. Sin embargo, Faruk Miguel Take Roaro, coordinador administrativo de la bancada, aseguró que fueron tres tarjetas por persona, como adelanto de 30 mil pesos de las prerrogativas de fin de año.
La diferencia entre ambas versiones también generó dudas sobre el monto de la operación. Mientras la investigación reportó inicialmente 63.5 millones de pesos, la entrega de cinco tarjetas por cada uno de los 254 legisladores equivaldría a 12.7 millones de pesos. La versión de Morena, con tres monederos por diputado, representa 7.62 millones de pesos.
El producto Tengo Negocios permite realizar pagos, retirar efectivo en cajeros automáticos, efectuar transacciones internacionales y conservar los recursos sin una fecha de vencimiento. Estas características motivaron cuestionamientos sobre los mecanismos de comprobación y fiscalización de los recursos entregados a los legisladores.
La contratación de Broxel ocurre mientras la empresa enfrenta denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntos saldos de tarjetas que no llegaron a sus beneficiarios. Los señalamientos abarcan operaciones de alcance federal y programas en Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México.
Uno de los antecedentes documentados corresponde a la Ciudad de México. De acuerdo con investigaciones entre 2019 y 2025, autoridades capitalinas exigieron a Servicios Broxel el reembolso de más de 121 millones de pesos por vales de despensa no entregados a trabajadores durante distintos ejercicios.
La compañía también recibió sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En 2020, el organismo la amonestó por incumplir disposiciones de prevención de lavado de dinero, al no presentar oportunamente reportes correspondientes al ejercicio 2018. En 2022 impuso otra sanción económica por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta a la autoridad regulatoria.
Otro antecedente corresponde a su participación en la administración de recursos públicos de Segalmex-Liconsa. Durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó irregularidades financieras por mil 583.9 millones de pesos en Liconsa, principalmente por falta de comprobación de padrones, facturas e inventarios. Broxel participó como dispersora y administradora de recursos mediante tarjetas de prepago, aunque los hallazgos de la auditoría no implican por sí mismos que la empresa sea responsable del total observado.
En diciembre de 2025, Broxel también enfrentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas triangulaciones financieras, conflictos de interés y asignaciones de contratos sin licitación. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente relacionado con una licitación federal superior a 10 mil millones de pesos, luego de que Servicios Broxel cuestionó las condiciones económicas de su propuesta ganadora.
Los antecedentes de la empresa y las denuncias por recursos no entregados contrastan con su participación como proveedora de la Cámara de Diputados para distribuir las prerrogativas de los legisladores de Morena. La operación abre interrogantes sobre los criterios de contratación, la supervisión del servicio y los mecanismos de fiscalización aplicables al dinero público administrado mediante sus tarjetas.
