Por Eugenio Pacheco
Chetumal, Qroo, a 18 de diciembre de 2025. – Los poderes Judicial y Legislativo de Quintana Roo iniciaron una estrategia conjunta para cerrar la brecha de desigualdad que enfrentan las personas indígenas en el sistema de justicia.
El objetivo central es asegurar la inversión y contratación de peritos traductores certificados que asistan a quienes enfrentan procesos judiciales y no dominan el español, para revertir los efectos de la falta de intérpretes especializados, que está ralentizando significativamente los procesos legales.
Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), en la entidad se hablan al menos 10 lenguas indígenas debido a la población maya local como a la migración de trabajadores procedentes de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
Entre las lenguas con mayor demanda de traducción en los tribunales y centros penitenciarios se encuentran, Maya (predominante en la región), Tseltal, Tzotzil y Náhuatl, así como Chuj y K’iché.
No hay personal calificado
Heyden Cebada Rivas, magistrado presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, reconoció la dificultad institucional para localizar personal certificado y precisó que, para alcanzar una cobertura mínima funcional, el estado requiere al menos dos peritos por cada lengua o variante.
Ante este escenario, la diputada Paola Moreno, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, informó sobre la creación de una iniciativa de ley diseñada para institucionalizar estos apoyos. El proyecto se construye junto a organizaciones civiles y agrupaciones indígenas.
Además de la diversidad lingüística, la iniciativa busca garantizar apoyos para personas con discapacidad, y con ello reducir la vulnerabilidad de detenidos que, por falta de recursos o información en su lengua materna, permanecen en prisión sin recibir una sentencia.
A principios de junio de 2025, más de 1,600 personas indígenas se encontraban en cárceles de Quintana Roo, de las cuales unas 630 no tenían sentencia, según el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas (IDPMCI) de Quintana Roo, evidenciando una problemática significativa de derechos humanos y acceso a la justicia para esta población.
