Por Eugenio Pacheco
Chetumal, a 22 diciembre de 2025. – Luego de una histórica batalla legal iniciada en 2019, aproximadamente seis mil familias de la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche contarán finalmente con acceso directo a agua potable en sus hogares para el año 2026.
El representante jurídico de las comunidades, Andrés Blanco Cruz, informó que la obra del acueducto se encuentra en su etapa final, marcando un hito para poblaciones que, por décadas, han dependido exclusivamente de la recolección de lluvia y “jagüeyes”.
El proyecto y la obra fueron el resultado de un juicio de amparo promovido en 2019 por los habitantes de Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles.
La demanda fue interpuesta contra el Gobierno de Quintana Roo, el Congreso del Estado y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y en 2021, los tribunales federales fallaron a favor de los comuneros, obligando a las autoridades a asignar presupuesto anual para garantizar este derecho humano básico.
Blanco Cruz detalló que la infraestructura ha requerido una inversión acumulada cercana a los 150 millones de pesos y para el cierre del proyecto en 2026, se aplicará un último recurso de 20 millones de pesos.
El acueducto principal está prácticamente concluido, y el único pendiente para 2026 es la finalización de redes de distribución secundarias y la construcción de tanques de almacenamiento.
El suministro desde este acueducto cubrirá una franja de diez localidades, desde la comunidad de Dos Aguadas hasta Caña Brava.
Para muchos habitantes de esta región fronteriza, el 2026 será el año en que verán, por primera vez en la historia de sus asentamientos, agua corriente en sus domicilios.
“Es un tema que muchas comunidades verán cristalizado por primera vez. Actualmente, las familias siguen dependiendo del almacenamiento de agua de lluvia o de lo que pueden recolectar en los jagüeyes para sus actividades diarias”, enfatizó el abogado.
Con la culminación de estos trabajos, se cierra un ciclo de casi seis años de litigio estratégico que sentó un precedente sobre la responsabilidad del Estado para dotar de servicios básicos a las zonas rurales en conflicto territorial.
