Por Staff
Ciudad de México, a 22 de enero de 20206.- El negocio de los alimentos subsidiados para Venezuela no solo cruzó fronteras: también conectó a empresarios, intermediarios y gobiernos en una red que hoy vuelve a ser investigada. Entre los nombres que aparecen en esos expedientes figura el de la familia Landsmanas, uno de los grupos más conocidos del sector alimentario en México.
Las indagatorias giran en torno al programa CLAP, diseñado para distribuir alimentos básicos a la población venezolana, pero que con el tiempo se convirtió en un sistema de contratos inflados, intermediarios privados y opacidad. En ese esquema destacó la figura de Alex Saab, empresario colombiano sancionado por Estados Unidos, quien durante años fue señalado como el principal operador financiero del programa.
Tras la salida de Saab del gobierno de Nicolás Maduro, las investigaciones retomaron fuerza y volvieron a apuntar a empresas vinculadas al Corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, por su presunta participación en la exportación de alimentos desde México a Venezuela con precios por encima del valor real.
Los reportes señalan que las operaciones se realizaron a través de empresas intermediarias y estructuras financieras complejas, lo que activó investigaciones tanto en México como en Estados Unidos por posibles delitos financieros. Desde 2019, autoridades mexicanas han abierto expedientes que involucran a decenas de empresas por presunto lavado de dinero y triangulación de recursos.
Negocios de alto riesgo
Aunque la familia Landsmanas ha negado cualquier relación directa con Saab o con irregularidades en el programa CLAP, su presencia en estas investigaciones ha reavivado el debate sobre el papel de grandes grupos empresariales mexicanos en negocios internacionales de alto riesgo político.
A este entramado se suma la relación empresarial de Jack Landsmanas con Turbofin, firma dedicada al arrendamiento de vehículos que ha obtenido contratos públicos de alto monto en distintos estados del país.
Turbofin pertenece a Aby y Bernardo Lijtszain, también controladores de Grupo Traxión, empresa del sector transporte y logística que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y está sujeta a obligaciones de transparencia financiera.
A diferencia de Traxión, Turbofin opera como compañía privada y ha sido señalada en investigaciones periodísticas por la adjudicación directa de contratos para patrullas y vehículos oficiales, lo que ha ampliado los cuestionamientos sobre los mecanismos de contratación y las redes empresariales que orbitan en torno a estos negocios.
