Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, a 12 de febrero de 2026.- Por “enésima ocasión”, el fraccionamiento “Las Casitas”, en Mahahual, se convirtió en el epicentro de la protesta con un bloqueo al muelle de cruceros.
Para este jueves están programados tres cruceros, que ya arribaron al puerto, y cuyos pasajeros resultaron afectados en la salida a sus tours, debido a la manifestación.
Desde las primeras horas de este jueves, habitantes y trabajadores bloquearon el acceso al Puerto, impidiendo el paso de autobuses y servicios turísticos.
El objetivo es presionar a la empresa Royal Caribbean para que cumpla con la reparación de calles y servicios básicos que lleva años prometiendo.
Los vecinos denuncian que la infraestructura de la unidad habitacional, especialmente el pavimento, el alumbrado y el agua potable, es deficiente y literalmente se cae a pedazos.
Todo ello, a pesar de acuerdos previos y del compromiso de la empresa para remediarlo. Las obras no avanzan y la paciencia de la comunidad se agotó, justo cuando la empresa busca respaldo social para su proyecto “Perfect Day”.
“Nos han dado largas. Bloqueamos porque es la única forma en que nos escuchan”, coincidieron algunos manifestantes durante la jornada.
Los vecinos advirtieron que, si no hay máquinas trabajando, las movilizaciones continuarán.
Papeleo impide avance
Según Nabil Eljure, subsecretario de Gobierno, el retraso no se debe a falta de voluntad política ni de la empresa, sino al “papeleo” y a la falta de municipalización del fraccionamiento, lo que limita la intervención directa del Estado.
Se ha pactado una nueva reunión clave entre los afectados y directivos de Royal Caribbean para definir un plan de acción definitivo, adelantó el funcionario.
El Gobierno del Estado asegura que actúa como mediador para que, antes de que termine febrero, finalmente arranquen las obras integrales.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y el Gobierno estatal trabajan a marchas forzadas para concretar la municipalización de Las Casitas, un trámite pendiente desde hace dos décadas que permitiría invertir recursos públicos de forma legal en la zona.
