En una abierta violación a la Ley de la CNDH, la ombudsman Rosario Piedra permitió que se distorsionara la esencia de la defensoría por intereses ajenos a la comisión y priorizar el tema político
Considerado uno de los expedientes más sensibles en materia de seguridad y de derechos humanos, el caso del narcorancho Izaguirre, lo manoseó la CNDH, al grado de emitir la recomendación 11/2026 con inconsistencias y escollos para ser rechazada por las autoridades estatales.
En una abierta violación a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ombudsman Rosario Piedra permitió que se distorsionara la esencia de la defensoría por intereses ajenos a la comisión y priorizar el tema político, ya que la ley de la institución indica, en el Artículo 3o, que: “la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando estas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación”.
Y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 11/2026 a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el inmueble conocido como “Rancho Izaguirre”, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
Sin embargo, ninguna de estas dos autoridades, a las que se les dirigió la recomendación son de carácter federal. Esa es una reacción exagerada de la CNDH. En todo caso quien tenía que emitirla era la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), encabezada por Luz del Carmen Godínez González.
Los funcionarios de la CNDH, dirigidos por Francisco Estrada enredaron el caso Izaguirre después de que el exquinto visitador, Raúl Ramírez, en un mensaje vía X, en mayo de 2025, advirtió: “En próximos días daré mi versión del rancho Izaguirre, de la atrocidad que ahí encontré, tengo fe pública y el expediente que me quitaron y se lo dieron 6 VG este foliado, así que no le pueden arrancar hojas”.
El tema lo entrampó la CNDH por los intereses políticos que tiene la estructura operativa de la comisión y la amenaza de Raúl Ramírez.
Incluso, la premura es otro de los indicadores de la recomendación 11/2026, ya que el 26 de enero, Rosario Piedra anunció que, en breve, se daría a conocer la recomendación respecto al caso. En menos de dos meses, la emitió y los resultados son una violación a la propia ley de la comisión y señalamientos débiles.
El caso se encuentra en la esfera local y, sobre todo, más en la municipalidad, ya que el exalcalde de Teuchitlán, José N., con militancia en Movimiento Ciudadano, es una de las piezas clave. A final de cuentas desconocer o ignorar la existencia del narcorancho en el municipio es una omisión en materia de seguridad para la ciudadanía tras los hallazgos que llevaron a cabo los colectivos de madres buscadoras.
Y los indicios primigenios se encuentran en la CEDHJ, ya que en abril de 2021, se emitió la Recomendación 104/2021 al ayuntamiento de Teuchitlán debido a la falta de acciones para prevenir el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Esa recomendación fue dirigida para el exalcalde José N., ya que su segundo periodo fue 2021-2024 y el más reciente 2024-2027, por ello es que las redes de complicidades y acuerdos turbios crecieron y lo llevaron a los señalamientos de las autoridades municipales y estatales y no hay federales, por ello la recomendación de la CNDH se cae.
