Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, a 27 de abril de 2026.– Durante un seminario internacional realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO), académicos y especialistas alertaron sobre una crisis social vinculada a la construcción del Tren Maya, que ha dejado a cientos de mujeres en situación de abandono y endeudamiento.
La especialista Yunitzilim Rodríguez Pedraza expuso que, de acuerdo con registros de colectivos feministas, numerosas mujeres en comunidades cercanas a las obras fueron abandonadas por trabajadores foráneos, enfrentando embarazos y responsabilidades económicas sin respaldo legal.
Estas condiciones, señaló, evidencian una grave omisión en la protección de derechos humanos, particularmente en lo relacionado con el acceso a pensiones alimenticias y mecanismos de justicia para mujeres y niñas.
El análisis destacó que el flujo temporal de trabajadores generó dinámicas sociales complejas, que derivaron en el desamparo de familias al concluir los trabajos en los distintos tramos del proyecto.
Especialistas subrayaron la falta de una perspectiva de género en la planeación de la obra, lo que habría impedido prever y atender este tipo de impactos sociales.
Proponen establecer protocolos
Ante ello, se planteó la necesidad de establecer protocolos obligatorios para que empresas y trabajadores asuman responsabilidades familiares, así como la creación de canales de acceso a la justicia para comunidades indígenas y rurales.
Durante el seminario también se abordaron otros efectos del proyecto, como la generación de empleos temporales, pero también el desplazamiento de poblaciones y cambios en el uso del suelo.
Investigadores advirtieron sobre riesgos ambientales como la fragmentación de hábitats y la presión sobre recursos naturales en ecosistemas sensibles.
Autoridades universitarias señalaron que estos espacios buscan promover un debate crítico, para que el desarrollo económico no se desvincule de la justicia social.
El encuentro concluyó con un llamado a autoridades federales para escuchar a las comunidades afectadas y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
