CHETUMAL, Q. Roo, 22 de julio de 2026.- Los propietarios de animales de compañía afectados por el caso del crematorio Xibalbá preparan una nueva ofensiva legal para solicitar que Brizeidy “N” regrese al Centro de Reinserción Social, luego de que un juez le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria por encontrarse en periodo de lactancia materna. La medida será impugnada una vez que concluya el plazo extraordinario otorgado por la autoridad judicial, mientras el proceso penal continúa su curso.
El proceso avanza entre cientos de expedientes
Rafael Rivero Aburto, presidente de la asociación civil Toda Vida es Importante y representante altruista de decenas de familias afectadas, afirmó que el caso permanece activo y que la defensa de las víctimas solicitará formalmente que la imputada vuelva a prisión preventiva. El abogado señaló que el beneficio concedido por motivos de lactancia es de carácter temporal y sostuvo que, una vez concluido ese periodo, “lo que procede es pedir que vuelva al Cereso”, al considerar que el proceso judicial aún se encuentra en desarrollo y que las víctimas continúan exigiendo justicia.
Por su parte, el abogado Abraham Torres Tello informó que hasta la fecha se contabilizan 385 carpetas de investigación relacionadas con el caso, de las cuales 45 ya fueron judicializadas, cifras que reflejan la magnitud del presunto fraude atribuido al establecimiento. Explicó que la integración de los expedientes continúa de manera gradual debido a las particularidades de cada denuncia y al elevado número de personas afectadas por los servicios ofrecidos por el crematorio.
Víctimas mantienen la exigencia de justicia
El caso Xibalbá cobró notoriedad nacional después de que las investigaciones revelaran que decenas de familias habrían recibido urnas con tierra o cenizas que presuntamente no correspondían a sus mascotas, pese a haber contratado servicios de cremación. Las indagatorias también involucran a Guillermo Alejandro “N”, quien permanece en prisión preventiva y enfrenta diversos cargos relacionados con la operación del establecimiento, mientras continúan las audiencias judiciales.
Los representantes legales de los afectados sostienen que el proceso podría extenderse entre un año y medio y dos años, debido al volumen de expedientes y a las diferencias entre cada caso. No obstante, reiteraron que las familias afectadas mantienen su decisión de impulsar el procedimiento hasta llegar a juicio y buscar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes, además de obtener una reparación integral del daño.
