Cancún, QRoo, a 22 de diciembre de 2025.- El secretario de Ecología y Medio Ambiente (Sema) del gobierno de Quintana Roo, Óscar Rébora Aguilera, aseguró que han hecho los estudios necesarios para poder llevar a cabo un nuevo rescate de playas ampliado en la zona norte de Quintana Roo.
Este nuevo rescate se basa en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 para el relleno de 26.5 kilómetros de playas realizado entonces en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, aunque el nuevo plan incluye 7 kilómetros de playa en el municipio de Puerto Morelos.
“En esta modificación para expandir el polígono de rescate nos volvieron a requerir estudios de volumetría, batimetrías, dinámicas y varias cosas; entonces sí quisimos aprovechar la autorización que ya se tiene, pero obviamente actualizando los estudios”, expuso el funcionario.
La actual autorización de impacto ambiental con la que se pretende llevar a cabo el nuevo rescate tiene vigencia hasta 2029, luego de que en 2019 se hizo una actualización de estudios para extender la vigencia de ese permiso, mientras que entre 2024 y 2025 se solicitó la inclusión de Puerto Morelos, y se aportaron los estudios correspondientes para este nuevo tramo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó al gobierno de Quintana Roo realizar análisis específicos de granulometría en los bancos marinos de donde se pretende extraer la arena para que ésta sea lo más parecida a las dunas ya existentes.
Ambientalistas en contra
Las declaraciones del titular de Sema se dan luego de que una veintena de organizaciones ambientalistas solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazar la solicitud de ampliación del rescate de playas que está tramitando el gobierno de Quintana Roo ante la federación.
Entre los organismos que apoyan este reclamo se encuentran Green Peace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Amigos de Sian Ka’an, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, entre otros.
Argumentan que el nuevo rescate de playas que anunciado pretende sustentarse en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada en 2009 y en una simple ampliación administrativa, pese a que las condiciones ambientales, normativas y territoriales han cambiado de manera sustancial en más de quince años.
