Es claro que Guadalupe Taddei apenas puede supervisar campañas y ofrecer competencia electoral
Una distorsión en el sistema electoral, es carecer de una unidad de investigación criminal en las candidaturas para 2027. Los dirigentes de partidos se deslindan con facilidad, la autoridad electoral carece de facultades y estructura creada para ese objetivo. A final de cuentas, la ciudadanía obtiene candidatos con perfiles alterados para saltar mecanismos de vigilancia.
Y es que la autoridad nacional electoral encabezada por Guadalupe Taddei carece de controles en candidaturas, ya que no está en su naturaleza. El mero planteamiento tiene visos de transmutar, más en un mecanismo de validación política, que en un filtro confiable contra la incursión del crimen organizado con partidos políticos. Dejarlo en manos de Taddei y los consejeros electorales es darle un poder extra de negociación frente a los partidos.
La elección del próximo año, contempla la renovación de 17 gubernaturas, 2 mil 478 ayuntamientos –de los cuales 16 son alcaldías de la Ciudad de México- y congresos locales a nivel nacional y 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura. Ante el tamaño de la elección, otras áreas como la Fiscalía de Delitos Electorales y la UIF son quienes pueden colaborar en ese esfuerzo para evitar narcocandidatos.
Y es que a lo largo de las décadas las autoridades electorales, carecen de la preparación para generar perfiles e investigación delincuencial entre partidos y candidatos. Es claro que Guadalupe Taddei apenas puede supervisar campañas y ofrecer competencia electoral. A final de cuentas ella pertenece al régimen y sus decisiones tienen un interés político.
Las precamapañas adelantadas son el ejemplo más claro. No hay controles de confianza por parte de los partidos. Abren sus registros y espacios para figuras que no violente la ley electoral, aunque de facto es el fraseo el que cambia el discurso, pero no la intención.
A final de cuentas, viene una trampa disfrazada de solución. Aunque las autoridades complementarias lleven a cabo una investigación, esta no es vinculante y si el INE depende de otras autoridades para obtener información, el incentivo para someter candidaturas al proceso sería mínimo. Es decir, el modelo de candados es limitado y puberto.
La responsabilidad real recae en los dirigentes de partidos. Si el instituto político ya investigó los perfiles y solicitó la documentación sensible no necesitaría una certificación adicional. Además se queda en la responsabilidad ética y moral de los partidos lanzar los candidatos con mayor probidad a futuro.
De esta manera se cierra el paso a que los partidos se deslinden de posibles funcionarios electos ante presuntos vínculos criminales con el argumento de que ya había sido revisado por las autoridades electorales.
El punto es que el tema se encuentra en impasse. Lo adelantado de las campañas. Los tiempos electorales exigen definiciones rápidas sobre registros y candidaturas, mientras que las investigaciones penales, financieras o de inteligencia operan bajo otros ritmos y procesos jurídicos y eso ya debilitó la buena intención de poner candados a candidatos sospechosos.
