Por Staff
CHETUMAL, Q. Roo., a 01 de julio de 2026.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría propinar un nuevo revés al Congreso de Quintana Roo si aprueba el proyecto que plantea declarar inconstitucionales diversos apartados de la reforma al Poder Judicial estatal, una decisión que representaría la décima ocasión en que el máximo tribunal corrige el trabajo de la actual Legislatura.
Así lo señaló Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien criticó que los diputados continúen aprobando iniciativas de manera exprés y sin un análisis jurídico suficiente. Afirmó que esta práctica ha derivado en reiteradas observaciones por parte de la Corte y evidencia una falta de rigor en el proceso legislativo.
El proyecto de sentencia, promovido tras las impugnaciones presentadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), identifica diversos vicios de origen en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y otros ordenamientos relacionados con la reorganización del sistema judicial en la entidad.
¿Cuáles son las razones?
Entre las principales observaciones destacan que la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia no se ajustó a lo previsto en la Reforma Judicial Federal, además de que se pretendía ampliar la permanencia de magistrados más allá de 2028, así como trasladar a leyes secundarias aspectos que, de acuerdo con el proyecto, debían establecerse directamente en la Constitución local.
Galaviz Ibarra indicó que el asunto será discutido por la SCJN el próximo 6 de julio, y advirtió que la resolución podría obligar al Congreso estatal a realizar nuevas modificaciones legales e incluso tener repercusiones sobre la integración y funcionamiento del Poder Judicial de Quintana Roo.
El representante del Observatorio también anticipó posibles controversias por las recientes reformas electorales impulsadas por la Legislatura y cuestionó el mecanismo de consulta implementado por el Congreso para atender observaciones de la Corte, al considerar que careció de foros abiertos y de una participación ciudadana efectiva. Según sostuvo, la reiteración de estos casos refleja una práctica legislativa que continúa privilegiando la rapidez sobre el análisis jurídico.
