El mensaje para empresarios de NL puede terminar siendo devastador: quien paga, recibe protección; quien no participa, queda sujeto a las reglas ordinarias.
El partido naranja se encuentra en una dicotomía. Recuperar Nuevo León para la militancia o dejar solo a Samuel García en 2027 y tener un deslinde ante las nuevas modalidades de “moche” cargadas de eufemismos, pero con la promesa de mantener el poder del estado en los próximos seis años.
Y es que lo que Samuel García presentó como un nuevo modelo de colaboración entre el Gobierno de Nuevo León y la iniciativa privada terminó abriendo una pregunta mucho más incómoda: ¿en qué momento una aportación voluntaria se convierte en el precio de la tranquilidad? El gobernador anunció que las empresas que sigan aportando recursos a “Ponte Nuevo” tendrán un “trato preferencial” y acceso al programa “Cero Clausuras”, con la promesa de que, ante cualquier acto de molestia de dependencias estatales, habrá atención directa para evitar abusos.
En su momento, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), la cúpula industrial más poderosa del estado decidió levantar la voz con una acusación en la que el gobernador se queda callado. Tres de cada 10 empresas afiliadas han sufrido inspecciones ilegales por parte de autoridades.
El problema político está precisamente ahí. Una cosa es que el gobierno reconozca a las empresas que colaboran con proyectos de beneficio público y otra muy distinta es sugerir que quienes aportan dinero tendrán una protección que no necesariamente recibirán quienes no lo hagan. Más todavía cuando el propio discurso oficial menciona inspecciones del SAT estatal, Medio Ambiente, autoridades laborales y Fuerza Civil. La oposición ya encontró la palabra para describirlo: extorsión institucionalizada. Y aunque el gobierno pueda defenderlo como un esquema de acompañamiento empresarial, la frontera entre incentivo y privilegio queda peligrosamente desdibujada.
La paradoja es todavía mayor porque “Cero Clausuras” nació precisamente en medio de denuncias empresariales sobre presuntos actos de acoso y extorsión por parte de dependencias estatales. Ahora, el mismo gobierno que debía garantizar que ninguna empresa fuera molestada indebidamente plantea un mecanismo mediante el cual las compañías que aporten recursos tendrán un canal privilegiado para evitar esos problemas. El mensaje puede terminar siendo devastador: quien paga, recibe protección; quien no participa, queda sujeto a las reglas ordinarias. Y en materia de Estado de derecho, las reglas ordinarias deberían ser iguales para todos.
Samuel quiere institucionalizar “Ponte Nuevo” mediante un decreto y convertirlo en una política pública permanente. Habla incluso de llevar las aportaciones privadas hasta mil millones de pesos anuales y sumarlas a una cantidad similar del Estado para financiar seguridad, movilidad, agua, calidad del aire y espacios públicos. La idea de sumar a la iniciativa privada a proyectos públicos no es, por sí misma, cuestionable. Lo que debe aclararse es otra cosa: qué se recibe a cambio del dinero, bajo qué reglas, quién supervisará el programa y cómo se garantizará que una empresa que no aporte reciba exactamente el mismo trato de la autoridad. Porque si la respuesta es que todos tendrán las mismas garantías, entonces no hace falta llamarlo “trato preferencial”. Aunque en tiempos preelectorales cualquier eufemismo funciona si detrás hay recursos.
