CIUDAD DE MÉXICO, a 7 de octubre de 2026.— Las llamadas insistentes para ofrecer tarjetas, créditos, seguros o cualquier otro producto comercial podrían convertirse en un problema costoso para las empresas. El Senado aprobó este miércoles una reforma que endurece las sanciones contra las comunicaciones publicitarias realizadas sin autorización de los consumidores.
El dictamen fue avalado por unanimidad con 96 votos a favor y reforma los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
La modificación establece que proveedores y empresas no podrán realizar, de manera reiterada y persistente, llamadas telefónicas ni comunicaciones por otros medios no autorizados por la persona consumidora con fines comerciales o publicitarios.
Multas de hasta 2.3 millones
De acuerdo con el dictamen difundido oficialmente por el Senado desde su aprobación en comisiones, quienes incurran en estas prácticas podrían enfrentar multas de 56 mil 570 pesos hasta 2 millones 345 mil 728.71 pesos.
La reforma fue promovida por la senadora panista Mayuli Martínez Simón, quien planteó que el objetivo es reforzar la protección de la privacidad y evitar que los consumidores tengan que rechazar repetidamente llamadas comerciales que no solicitaron.
El proyecto también busca impedir que una empresa evada su responsabilidad argumentando que las comunicaciones fueron realizadas por terceros. Según la exposición de la iniciativa, el consentimiento del consumidor será un elemento central para determinar si este tipo de contacto comercial está permitido.
Aún no entra en vigor
La medida todavía no es una obligación vigente. La aprobación del Senado representa un paso dentro del proceso legislativo, pero la minuta deberá ser analizada y eventualmente aprobada por la Cámara de Diputados antes de continuar con el procedimiento correspondiente.
El Senado ya había avanzado con esta propuesta desde febrero, cuando la Comisión de Estudios Legislativos aprobó el dictamen y estableció el rango de sanciones para las llamadas comerciales no autorizadas.
Con el aval del pleno, la reforma busca fortalecer las herramientas legales contra la insistencia comercial y dar mayor peso a la decisión de cada consumidor sobre si desea o no recibir publicidad por teléfono.
