Por Staff
Ciudad de México, a 20 de enero de 2026. — Un equipo de funcionarios del gobierno de Jalisco fue apercibido por la Policía Nacional de España luego de intentar grabar un video promocional en la Plaza de Callao, uno de los espacios públicos más concurridos y emblemáticos de la capital española, sin contar con los permisos correspondientes, de acuerdo con reportes periodísticos y videos difundidos en redes sociales.
Los hechos ocurrieron cuando los funcionarios mexicanos realizaban tomas audiovisuales con equipo profesional, lo que llamó la atención de un agente de la Policía Nacional, quien se aproximó para cuestionar la actividad y solicitar la autorización oficial para grabar en ese punto neurálgico de Madrid, caracterizado por su alto flujo de peatones y turistas.
De acuerdo con los videos difundidos, el policía explicó que cualquier grabación con fines promocionales, institucionales o comerciales en la vía pública requiere un permiso previo, además de que la presencia de cámaras, micrófonos y trípodes puede representar un riesgo para la seguridad y la movilidad en una zona tan transitada como Callao.
Apercibimiento, no sanción
El agente aclaró que no se trataba de una detención ni de una sanción inmediata, sino de un apercibimiento, es decir, una advertencia formal para que la grabación se suspendiera de inmediato y se evitara continuar sin la documentación necesaria, conforme a la normativa municipal de Madrid sobre uso del espacio público.
Según las versiones difundidas, el material audiovisual tenía como objetivo promocionar a Jalisco en el contexto del Mundial de Futbol 2026, como ya lo había hecho Pablo Lemus Navarro, gobernador del estado, destacando a la entidad como destino turístico, cultural y sede de actividades internacionales, aprovechando la proyección simbólica de una plaza icónica de Europa.
El incidente generó una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el uso de recursos públicos en el extranjero y el desconocimiento —o incumplimiento— de las normas locales, mientras que medios internacionales retomaron el caso como un ejemplo de los límites legales para la promoción gubernamental fuera del país de origen.
