Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, a 12 de agosto de 2026.— El nombre de Ángel Aguirre Rivero vuelve al centro del caso Ayotzinapa, pero esta vez desde una prisión federal. Un juez determinó vincular a proceso al exgobernador de Guerrero por su presunta responsabilidad en desaparición forzada y ocultamiento de pruebas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.
La decisión fue tomada luego de una audiencia que duró alrededor de 14 horas. Al finalizar, el juez consideró que la Fiscalía presentó datos suficientes para continuar la investigación contra el exmandatario.
Aguirre permanecerá en prisión preventiva oficiosa y continuará el proceso en el Altiplano, mientras la FGR dispone de cuatro meses para completar su investigación.
El expediente tiene un elemento que resulta clave: videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala que, según la Fiscalía, pudieron haber registrado momentos importantes de la noche en que desaparecieron los normalistas.
¿Qué contenían las grabaciones?
La hipótesis ministerial señala que esas grabaciones mostraban la interceptación de los estudiantes por policías y parte de la ruta que siguieron después de ser detenidos.
Según dos testimonios incorporados a la investigación, los videos habrían llegado hasta Aguirre, quien en ese momento era gobernador de Guerrero. La Fiscalía sostiene que el exmandatario ordenó que las grabaciones fueran destruidas, lo que habría obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.
Y ahí está precisamente uno de los puntos que la defensa pretende derribar. El abogado Guillermo Barradas asegura que Aguirre no recibió esos videos y que, durante el momento señalado por los testigos, se encontraba en la Ciudad de México.
La defensa incluso presentó testimonios que, según su versión, contradicen a quienes señalan al exgobernador. Uno de ellos sostiene que Aguirre fue trasladado a Polanco para reunirse con Miguel Ángel Osorio Chong y que posteriormente regresó a Guerrero.
El abogado calificó la resolución como una muestra de la fragilidad del sistema de justicia y anunció que buscará impugnarla. Por ahora, sin embargo, Aguirre deberá enfrentar el proceso privado de su libertad.
El caso sigue abierto
La situación judicial del exgobernador representa un giro importante en la investigación de Ayotzinapa. En los últimos años, el expediente ha alcanzado a distintos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos personas vinculadas con la presunta pérdida o destrucción de evidencia.
De hecho, en marzo pasado, dos exfuncionarias del gobierno de Aguirre fueron vinculadas a proceso por investigaciones relacionadas con la pérdida o destrucción de material videográfico de cámaras que habrían registrado hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Aguirre, por su parte, ya había negado en años anteriores tener conocimiento de la destrucción de videos relacionados con Ayotzinapa. En 2025 afirmó públicamente que nunca tuvo conocimiento de esas grabaciones y rechazó haber dado instrucciones sobre su manejo.
Ahora será un juez quien determine, durante el desarrollo del proceso, si las pruebas presentadas por la Fiscalía logran demostrar las acusaciones. Mientras tanto, el caso de los 43 de Ayotzinapa vuelve a abrir una herida que, casi 12 años después, sigue sin cerrar.
