Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, QRoo, a 09 de abril de 2026. – La XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobó, en sesión de convocatoria urgente, la minuta de reforma constitucional en materia electoral conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con 20 votos a favor y cuatro en contra, la entidad se convirtió en la tercera del país en ratificar estos cambios, después de Tabasco y Oaxaca.
La reforma, que modifica la estructura del sistema electoral y los límites de gasto público, requiere el aval de al menos 17 congresos estatales antes del 30 de mayo para su promulgación definitiva.
El nuevo marco legal establece cambios significativos en la administración pública y la representación política a nivel nacional y local,
Ajustes locales
En lo local los ayuntamientos quedarán integrados únicamente por la Presidencia Municipal, una sindicatura y un máximo de 15 regidores; tope rebasado por Benito Juarez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco.
Las legislaturas estatales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto anual de egresos de su respectiva entidad. En Quintana Roo, esta medida entrará en vigor hasta la próxima legislatura; actualmente el presupuesto de 540 millones de pesos para 2026, significa 0.79 por ciento.
Durante la sesión el bloque de la denominada Cuarta Transformación (Morena, PVEM y PT) defendió la iniciativa desde la tribuna, bajo el argumento de que la reducción del gasto público permitirá redirigir recursos a programas sociales. Además de que las adecuaciones fortalecen la democracia participativa.
Jorge Sanén Cervantes, coordinador de Morena, señaló que la aplicación de estas normas dependerá de las adecuaciones que cada estado realice en su normativa secundaria.
Por el contrario, las representaciones del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo al calificarla reforma como un atentado contra el federalismo
Tras su aprobación en el pleno, la minuta fue turnada para los trámites legislativos correspondientes.
Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán iniciar el proceso de ajuste presupuestal y normativo.
