CIUDAD DE MÉXICO, a 25 de marzo de 2026.– El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, firmó un convenio de coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual en las operaciones de comercio exterior.
El acuerdo establece acciones conjuntas de prevención, detección y combate de conductas ilícitas, con el objetivo de frenar el ingreso de mercancías que vulneren estos derechos y reforzar la legalidad en el intercambio comercial.
Este instrumento se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, al fortalecer la vigilancia en puntos estratégicos del país y contribuir a un entorno más seguro y competitivo para la inversión.
Coordinación para detectar mercancía irregular
Como parte del convenio, ambas instituciones implementarán mecanismos de intercambio de información que permitan ejercer sus facultades y detectar productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual en las aduanas.
También se desarrollarán esquemas de coordinación operativa para mejorar la identificación de mercancías irregulares, lo que fortalecerá el régimen de certeza jurídica en el comercio exterior.
El acuerdo contempla además programas de capacitación especializada dirigidos al personal aduanero, impartidos por técnicos del instituto, con el fin de mejorar las capacidades de análisis y detección en esta materia.
Se integrará un grupo de trabajo interinstitucional encargado de dar seguimiento a las acciones conjuntas, homologar criterios y diseñar estrategias para prevenir posibles infracciones.
Rafael Marín Mollinedo destacó que las aduanas son espacios donde se resguarda la legalidad, se protege la economía nacional y se garantiza una competencia en condiciones justas, por lo que la coordinación institucional resulta clave para un comercio ordenado y transparente.
Autoridades subrayaron que proteger la propiedad intelectual es fundamental para defender la innovación, la industria nacional y el desarrollo productivo del país.
Asimismo, señalaron que el combate a la piratería y la falsificación requiere coordinación permanente entre instituciones, ya que estas prácticas afectan a las empresas legalmente establecidas, a las personas consumidoras y a la economía nacional.
Con este convenio, ambas instancias refrendan su compromiso de fortalecer las instituciones del Estado mexicano, proteger la legalidad en el comercio exterior y contribuir al desarrollo económico del país.
