Por Eugenio Pacheco
Chetumal, Q. Roo, a 28 de enero de 2026.– El freno judicial al proyecto “Perfect Day Mexico” sacudió más que los cimientos en Mahahual. La suspensión provisional dictada por una jueza federal no solo detuvo la obra de Royal Caribbean, sino que abrió una grieta entre el discurso corporativo de sustentabilidad y los números duros que la propia empresa entregó a la autoridad ambiental.
Mientras activistas celebran el alto a la construcción y lo califican como una victoria para el arrecife y la comunidad, la naviera optó por el perfil bajo. En respuesta a la orden judicial, Royal Caribbean México emitió un pronunciamiento donde evita entrar en detalles sobre las acusaciones de los ambientalistas: “Estamos al tanto del asunto; sin embargo, no haremos comentarios públicos sobre litigios en curso“.
Sin más, la empresa resaltó su compromiso con el cumplimiento normativo que, por ahora, no ha sido suficiente para evitar el paro de las obras.
¿Ciudad independiente?
A pesar del discurso de sostenibilidad, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) revela que el complejo turístico operaría como una “ciudad independiente” con un consumo que Mahahual difícilmente podría sostener.
El parque acuático planea consumir 3.1 millones de metros cúbicos de agua al año, una demanda que busca satisfacer a una “población flotante” de 23 mil personas diarias, una carga desproporcionada para una región con acceso limitado al agua dulce.
Antes de poner la primera piedra del nuevo parque, la empresa debe demoler 71 edificaciones, lo que generará 68 mil toneladas de residuos iniciales. Una vez operando, producirá 269 toneladas de basura al año, en una localidad que carece de infraestructura para gestionar desechos a gran escala. Además, el proyecto requiere 25,000 KVA de energía eléctrica, una demanda que obligaría a reconfigurar la red local.
Aunque la naviera promete soluciones propias, como plantas de tratamiento y esquemas de suministro independientes, el freno judicial pone en duda si es ético y viable permitir un desarrollo que consume recursos a niveles industriales en una comunidad que aún lucha por servicios básicos para sus habitantes.
La suspensión provisional es solo el primer asalto de una batalla legal donde la “transparencia” de la empresa será puesta a prueba frente a las cifras de su propio manifiesto de impacto ambiental.
