XALAPA, Ver., a 8 de octubre de 2026.— El Congreso de Veracruz aprobó el 6 de octubre una reforma al Código Penal estatal para tipificar los actos de rapiña después de accidentes, siniestros o hechos de tránsito. La modificación contempla de dos a cinco años de prisión, además de multas, para quienes aprovechen una emergencia para apoderarse de mercancías y otros bienes transportados.
¿Qué actos de rapiña serán castigados?
La disposición comprende el apoderamiento de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados, cuando se aproveche la vulnerabilidad, confusión o desorden generado por el percance. Además de la pena de cárcel, establece una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA); por tanto, su alcance comprende distintas unidades de transporte y no únicamente camiones de carga.
La reforma recibió 46 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, y deriva de la iniciativa presentada el 14 de mayo de 2026 por el diputado Omar Edmundo Blanco Martínez. El Congreso señaló que el saqueo puede poner en peligro a las personas afectadas, entorpecer las labores de rescate y aumentar las consecuencias económicas de una emergencia.
Mayor protección para transportistas
Para empresas, transportistas, permisionarios y particulares, el beneficio previsto es fortalecer la protección jurídica de su patrimonio frente al saqueo de cargas que quedan expuestas tras un accidente. La tipificación busca desincentivar estas conductas y evitar que al daño del vehículo o la mercancía se sumen pérdidas por robo, de acuerdo con los objetivos expuestos por el Congreso.
El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, respaldó la modificación al considerar que ayudará a proteger el patrimonio empresarial y combatir la comercialización de productos robados. También advirtió que algunas pólizas no cubren determinados saqueos y que las denuncias son relevantes para atender estos casos. La reforma no implica por sí misma una indemnización automática ni amplía las coberturas de los seguros: el beneficio anunciado se centra en la protección penal de los bienes.
El comunicado legislativo precisa que las sanciones deberán aplicarse con respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso, y únicamente cuando se acrediten el delito y la responsabilidad de la persona imputada. La decisión documentada corresponde a la aprobación de la reforma por el Congreso; las fuentes consultadas no precisan su fecha de entrada en vigor. Para el sector empresarial, el reto será que la protección prevista se traduzca en investigaciones y sanciones contra quienes saqueen mercancías durante una emergencia.
