Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, QRoo, a 28 de febrero de 2026. – Los responsables del crematorio “Xibalbá”, señalados por un fraude masivo en servicios de incineración de mascotas, podrían obtener su libertad si las víctimas no completan la integración de sus expedientes ante la fiscalía general del Estado (FGE).
Pese a que existen más de 300 casos reportados, actualmente solo ocho carpetas de investigación han sido judicializadas, lo que debilita el proceso penal contra los detenidos.
Guillermo Alejandro “N” y Briseidy “N” se encuentran bajo proceso judicial tras ser señalados por cientos de ciudadanos de operar un crematorio clandestino.
Los propietarios ofrecían servicios de incineración individual para mascotas; sin embargo, investigaciones previas revelaron que entregaban cenizas de dudosa procedencia (en ocasiones arena o restos mezclados) mientras los cuerpos de los animales eran acumulados en condiciones insalubres o desechados de forma irregular.
Pocos denunciantes
El abogado Abraham Torres, quien da seguimiento al caso, advirtió que el bajo número de carpetas judicializadas permite que los imputados accedan a beneficios legales.
Al ser pocos los casos con sustento jurídico actual, la ley podría permitirles recuperar su libertad mediante el pago de una reparación de daños limitada a esas ocho víctimas.
“Si solo tenemos ocho carpetas judicializadas, estas personas pueden salir libres, sin un peso probatorio mayor pueden realizar el pago y abandonar la prisión”, precisó el abogado.
Torres señaló que, aunque el proceso podría continuar con los responsables en libertad y la obtención de justicia podría demorar hasta 10 años si no se entrega la documentación suficiente en un plazo menor a un año tras los hechos.
Llamado a ciudadanos
Para evitar que el caso quede impune, la defensa jurídica solicitó a los afectados acudir a la FGE para entregar las pruebas que permitan robustecer las investigaciones. Entre las pruebas que se pueden entregar están, mensajes, audios o capturas de pantalla de WhatsApp donde se solicitó el servicio.
Así como comprobantes de transferencia o recibos de pago; documentos que acrediten la procedencia del animal (cartillas de vacunación o certificados médicos) y fotografías, opresentar al menos un testigo de los hechos.
El abogado subrayó que existe una omisión por parte de la ciudadanía al no dar seguimiento a las denuncias, lo que impide que el equipo jurídico presente pruebas ante la autoridad.
