CHETUMAL, Q. Roo., a 9 de abril de 2026.– La inconformidad por el precio de los combustibles en el sureste del país escaló a un nuevo nivel, luego de que sindicatos acusaran a gasolineros vinculados al llamado PRIAN de mantener tarifas elevadas en la Península de Yucatán, particularmente en Quintana Roo, donde el costo por litro supera el promedio nacional.
De acuerdo con las denuncias, el problema responde a la operación de grupos empresariales como CorpoGas, señalado por controlar gran parte del mercado regional e imponer condiciones que derivan en precios más altos para los consumidores.
Vínculos políticos y concentración del mercado
Este corporativo ha sido relacionado con el empresario Ricardo Antonio Vega Serrador y la familia Mouriño, quienes, según los señalamientos, mantuvieron vínculos con exgobernadores priístas como Roberto Borge y Félix González Canto, así como con el expresidente Felipe Calderón, lo que habría facilitado la consolidación del mercado.
Las denuncias indican que CorpoGas concentra alrededor del 64% del mercado en Quintana Roo, con precios que oscilan entre 60 centavos y 1.60 pesos por litro por encima del promedio nacional, generando un impacto económico significativo en sectores como el transporte y la construcción.
Efecto en vivienda y costos productivos
Transportistas y constructores advirtieron que el encarecimiento del combustible ya se refleja en el aumento de materiales como acero y aluminio, lo que podría traducirse en incrementos de entre 10 y 15% en el sector de la vivienda, afectando directamente a los consumidores finales.
El tema no es nuevo. En 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, CorpoGas fue exhibida en conferencia matutina, donde se anunció una investigación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). No obstante, sindicatos afirman que hasta ahora no se han concretado acciones que modifiquen el panorama.
Sindicatos preparan acciones legales
Frente a este escenario, una alianza de sindicatos anunció que interpondrá denuncias ante Profeco para exigir la intervención del gobierno federal. Acusan que el sobreprecio —que representa hasta 2,000 pesos mensuales adicionales por familia— es resultado de un monopolio construido durante administraciones del PRI y el PAN, por lo que demandan una regulación efectiva del mercado.
