BACALAR, Q. Roo, a 19 de mayo de 2026.— A más de un año de la firma del convenio que permitió la apertura de la zona arqueológica de Ichkabal, ejidatarios de Bacalar solicitaron la intervención de la gobernadora Mara Lezama al asegurar que todavía existen compromisos pendientes relacionados con la indemnización por tierras expropiadas y temas de infraestructura vinculados al proyecto.
Durante la audiencia pública “La Voz del Pueblo”, el presidente del comisariado ejidal, Refugio Cano Gómez, pidió apoyo para avanzar en acuerdos que, según afirmó, permanecen pendientes con autoridades federales.
El representante señaló que el tema no solo involucra recursos económicos, sino también asuntos relacionados con infraestructura, particularmente pendientes asociados al estacionamiento vinculado a la zona arqueológica.
“Estamos viendo si por conducto de ella nos puede apoyar para finiquitar esto y ver el tema del estacionamiento”, expresó durante su participación.
Señalan pagos y temas pendientes
De acuerdo con Cano Gómez, todavía existe una parte de la indemnización pendiente y cuyo proceso, según explicó, continúa en revisión con distintas autoridades.
“Todavía nos hace falta el 20% porque están en los estudios con las autoridades pertinentes para eso”, comentó, además de señalar que recientemente sostuvo reuniones relacionadas con el proceso.
También indicó que el tema del estacionamiento presenta avances parciales y que aún existen acuerdos y etapas pendientes por definir.
El señalamiento ocurre luego del convenio de ocupación previa firmado en enero de 2025 entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y autoridades ejidales de Bacalar, acuerdo atestiguado por la gobernadora Mara Lezama y que permitió la apertura pública de Ichkabal tras más de dos décadas de gestiones.
Dicho convenio inició el proceso de expropiación de 113.78 hectáreas pertenecientes al Ejido Bacalar, superficie correspondiente al área núcleo de la zona arqueológica y considerada estratégica para el desarrollo, investigación y conservación del sitio.
En aquel momento, autoridades estatales y federales señalaron que la apertura de Ichkabal impulsaría el turismo y la llamada prosperidad compartida en el sur de Quintana Roo, además de fortalecer el circuito arqueológico asociado al Tren Maya.
Hasta el momento, ni el INAH ni autoridades estatales habían emitido una postura pública reciente sobre los señalamientos realizados por el comisariado ejidal respecto a pagos y temas pendientes vinculados al proyecto.
