CIUDAD DE MÉXICO, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que involucrará a 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano de todo el país. El objetivo es promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos mediante una legislación construida con la participación directa de las comunidades.
Durante Las Mañaneras del Pueblo, la mandataria afirmó que por primera vez en la historia del México independiente existe un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, tanto en el ámbito colectivo como individual. Añadió que este proyecto forma parte de los principios del Humanismo Mexicano, al reconocer la riqueza cultural y la identidad de las civilizaciones originarias que dieron forma al país. En ese contexto, reiteró que el reconocimiento histórico de estos pueblos representa uno de los pilares del proyecto de transformación nacional.
La presentación de la iniciativa el 12 de octubre
La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece que, una vez concluida la consulta y aprobada por las comunidades participantes, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados el próximo 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural. Sheinbaum calificó este mecanismo como “un ejercicio único en la historia de México”, al considerar que reconoce la grandeza cultural del país y fortalece la participación directa de los pueblos originarios en la elaboración de las leyes.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitirá fortalecer su libre determinación y autonomía. La propuesta se integra por ocho libros, que contemplan temas como la restitución de tierras, la propiedad intelectual colectiva, los derechos de mujeres, niñas, niños y jóvenes, la protección de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, además de establecer mecanismos para la consulta libre, previa e informada y un sistema de responsabilidades, sanciones y juicio de amparo especializado.
La iniciativa será traducida a las 68 lenguas
Como parte del proceso, el Gobierno de México informó que el contenido de la ley será traducido a las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, con el apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, detalló que la consulta se desarrollará en cinco etapas: la publicación de la convocatoria; la difusión del contenido de la iniciativa hasta el 6 de agosto; la deliberación comunitaria mediante 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre; el análisis y adecuación del proyecto del 21 de septiembre al 11 de octubre; y finalmente su presentación ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre.
La presidenta también recordó que, durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, por primera vez se asignó un presupuesto directo para los pueblos indígenas y afromexicanos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam). Señaló que esta política busca fortalecer la autonomía comunitaria y garantizar que las decisiones sobre infraestructura y desarrollo sean tomadas directamente por las propias comunidades, en concordancia con el nuevo marco legal que se propone construir mediante la consulta nacional.
