Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, QRoo, a 28 de marzo de 2026. – La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) mantiene un pendiente de más de 150 expedientes por recomendaciones emitidas que no han sido acatadas por diversas autoridades estatales. De acuerdo con los datos legislativos, algunos de estos casos presentan un rezago que data del año 2014.
La diputada Paola Moreno Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia de la XVIII Legislatura, reconoció que, durante año y medio de gestión parlamentaria, el organismo autónomo no ha presentado reportes sobre el seguimiento a las recomendaciones ni sobre las acciones para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Moreno Córdova señaló que la titular del organismo, Omega Ponce Palomeque, tiene pendientes en cuanto a la responsabilidad de rendir cuentas ante el Poder Legislativo, a pesar de que la ley obliga a la Comisión a informar sobre el estado que guardan las violaciones de derechos humanos en la entidad.
Los expedientes sin cumplimiento involucran quejas acreditadas por abusos de poder y maltrato en instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, y la Secretaría de Salud, por mencionar algunas.
Años de rezago y silencio
El rezago de estas 150 recomendaciones fue detectado desde la legislatura anterior; el entonces diputado Guillermo Brahms González confirmó que la falta de atención por parte de las autoridades señaladas ha dejado a los agraviados sin una reparación integral del daño.
La falta de resultados operativos coincide con señalamientos públicos hacia la gestión de Ponce Palomeque.
Activistas y colectivos feministas, recientemente, han cuestionado la eficiencia del organismo frente a la percepción salarial de su titular, que asciende a aproximadamente 100 mil pesos mensuales.
Mientras el Congreso del Estado afirma trabajar en la actualización del marco legal para abatir la desigualdad, la ausencia de informes de la CDHEQROO impide conocer los avances reales en la protección de los ciudadanos que han sido víctimas de abusos por parte de servidores públicos.
