Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Quintana Roo, a 21 de enero de 2026.– Históricamente relegados al olvido, los niños que nacen y crecen dentro de los centros penitenciarios de Quintana Roo están a un paso de obtener garantías legales para un desarrollo digno, tras el impulso de una iniciativa de reforma que busca transformar su realidad.
La propuesta plantea homologar la legislación local con la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de atender la situación de entre 8 y 12 menores que actualmente viven en reclusión junto a sus madres en penales del estado.
Bajo el concepto de “niños invisibles”, la iniciativa reconoce que muchos de estos menores carecen de documentos de identidad básicos, así como de cuidados especializados y espacios adecuados para su desarrollo integral.
Discrepancias en cifras
Las estadísticas oficiales muestran una discrepancia: mientras el Observatorio de Prisiones de la Comisión de Derechos Humanos reporta ocho infantes, el INEGI contabiliza doce. “Sin embargo, más allá de la cifra, el objetivo es resolver la carencia de infraestructura y atención médica”, se consigna en la iniciativa que ya se analiza en comisión de la XVIII Legislatura local.
La propuesta contempla la modificación del artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a fin de establecer reglas claras para el bienestar del menor que vive en contextos de reclusión.
Entre los puntos centrales, se plantea limitar la permanencia de los menores al interior de los centros penitenciarios —donde en muchos casos nacen—, permitiendo que vivan con su madre solo hasta los tres años de edad.
Al cumplir la edad límite, el retiro del menor será gradual y bajo estricta supervisión psicológica para evitar traumas. Además, se garantizará un régimen de visitas, mientras la custodia será otorgada a familiares designados o asociaciones certificadas por el DIF.
La esencia de la reforma también se refleja en el artículo 20 Ter, que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar áreas exclusivas dentro de los penales femeniles, separadas de la población general y con condiciones óptimas de higiene, esparcimiento, educación y alimentación saludable.
Con estas medidas, Quintana Roo busca saldar una deuda histórica con la niñez, asegurando que el interés superior del menor prevalezca sobre la situación jurídica de sus madres y que su paso por el sistema penitenciario no vulnere su presente ni comprometa su futuro.
