Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, Q. Roo, 14 de abril de 2026.– El Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a los artículos 58 y 164 del Código Penal de Quintana Roo, con el objetivo de incrementar las sanciones para los delitos cometidos en grado de tentativa y restringir beneficios de reducción de penas a reincidentes.
La iniciativa, presentada por la diputada Paola Moreno Córdova, presidenta de la Comisión de Justicia, plantea fortalecer la proporcionalidad de las sentencias frente a la gravedad de la conducta delictiva, particularmente en casos de alto impacto como feminicidio y homicidio calificado.
Reforma busca cerrar espacios a la impunidad
Con la modificación al artículo 58, se establece un criterio más estricto para calcular las sentencias cuando un delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agresor. La reforma fija parámetros más severos para castigar la tentativa en delitos graves.
Como ejemplo, en el caso de la tentativa de feminicidio, cuya pena por consumación va de 25 a 50 años de prisión, la reforma establece una sanción mínima equivalente a dos terceras partes de la pena base o mínima.
Esto se traduce en una sentencia mínima de 16 años de prisión, con lo que se elimina la posibilidad de imponer sanciones menores, de uno o dos años, que facilitaban la pronta liberación de agresores, explicó la diputada.
Limitan beneficios de reducción de penas
En cuanto a la reforma al artículo 164, se limita el otorgamiento de beneficios o reducciones de pena con el propósito de evitar la reincidencia delictiva. A partir de la entrada en vigor de esta modificación, dichos beneficios solo podrán aplicarse bajo dos condiciones: que el sentenciado sea primo delincuente, es decir, que cometa un delito por primera vez, o que el delito no haya sido cometido con violencia.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma responde a la exigencia ciudadana de fortalecer el Estado de Derecho y disminuir la incidencia delictiva. Moreno Córdova destacó que el proyecto contó con aportaciones técnicas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para asegurar su viabilidad.
“Estamos estableciendo límites claros y criterios más estrictos; la intención es que exista una correspondencia real entre el delito que se intentó cometer y la sanción que se impone”, puntualizó la diputada ante el pleno, al subrayar que la medida busca proteger la integridad de las víctimas y la paz de las familias quintanarroenses.
