Con la reciente remoción de Alfredo Domínguez Marrufo, como director general del CFCRL, se acabó la protección y el padrinazgo que este funcionario, con antecedentes turbios
Al interior de la secretaría del Trabajo, las operaciones de Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), tenían un fuerte aroma a componendas con dirigentes sindicales, manejadas en contra de los intereses de los trabajadores. Esos acuerdos metainstitucionales se construyeron gracias a la proclividad de Domínguez Marrufo a quedar bien con los personajes con un coto de poder establecido.
De esta manera, con la reciente remoción de Alfredo Domínguez Marrufo, como director general del CFCRL, se acabó la protección y el padrinazgo que este funcionario, con antecedentes turbios, otorgaba a Alejandro Martínez Araiza, secretario general espurio del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC). Ante la remoción y la posible investigación que se abra por posibles componendas, los dos deberán enfrentar a la ley para ser sancionados, advirtieron trabajadores de esa organización obrera. Aunque los abusos ya se cometieron.
En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, el presidente de la misma y secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, removió del cargo a Domínguez Marrufo para designar a Héctor Arcos Balderas, como director interino en tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, envía al Senado una terna de aspirantes de la cual deberá ser designado el nuevo director titular de ese centro, ya que el cúmulo de inconformidades sobre el funcionario federal tensó la actividad en el Centro Federal.
Domínguez Marrufo asumió la dirección del CFCRL, adscrito a la Secretaria del Trabajo, en julio de 2020, con posibilidad de repetir en el cargo por seis años más, pero fue removido por las autoridades. Y es que a lo largo del tiempo su relación con Martínez Araiza, pasó de lo institucional al sospechosismo. Incluso, se cometieron arbitrariedades y la autoridad funcionó como cómplice.
Martínez Araiza violó el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, al no informar a Domínguez Marrufo el estado del patrimonio sindical que, tan solo en cuotas asciende a 500 millones de pesos, a pesar de que se le solicitó en un escrito enviado por el CFCRL, desde el 19 de mayo de 2025, consideraron miembros del SNAC. Esa es una de las principales sospechas, ya que la omisión y la opacidad se volvieron recurrentes en el trabajo de Domínguez Marrufo.
De acuerdo con la ley, Martínez Araiza puede recibir del CFCRL la anulación de actos y reposición de asambleas, ya que él se autorreeligió en una asamblea ilegal en abril de 2025, mientras que, por la vía penal, puede ser objeto de sanciones por administración fraudulenta del sindicato.
Y esa es una de las líneas más sólidas con las que se cuentan para darle seguimiento a las investigaciones que se siguen contra el dirigente del sindicato.
En tanto, Domínguez Marrufo sería acreedor a sanciones diversas, incluida la inhabilitación para ocupar otro puesto en el gobierno, al violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por no cumplir sus funciones de supervisión y registro adecuado de los sindicatos, en este caso el SNAC. Y esto es solo un sindicato.
