CHETUMAL, Q. Roo-. a 15 de julio de 2026.- Integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar una investigación por presuntos delitos contra el patrimonio arqueológico de la nación, presuntamente cometidos durante la construcción del Parque de la Memoria Báalam Tun, en Chetumal, Quintana Roo. La querella fue presentada los días 7 y 8 de julio ante la representación de la FGR en la entidad.
Piden indagar actuación de funcionarios
La denuncia solicita que la autoridad ministerial investigue la actuación de funcionarios del INAH presuntamente relacionados con la planeación, autorización y ejecución del proyecto, al considerar que pudieron existir acciones que derivaron en afectaciones al patrimonio cultural protegido por la legislación mexicana. Entre los señalados para ser investigados figuran exfuncionarios y responsables de áreas técnicas vinculadas con los trabajos de salvamento arqueológico asociados al Tren Maya.
Durante la presentación del recurso legal, representantes de la Comisión señalaron que la denuncia busca esclarecer la presunta destrucción y alteración de al menos 47 monumentos arqueológicos mayas, los cuales, de acuerdo con los denunciantes, habrían sido removidos, modificados o utilizados para conformar estructuras dentro del Parque de la Memoria Báalam Tun. Será la FGR la instancia encargada de determinar si existen elementos para acreditar la comisión de algún delito.
El INAH sostiene que las obras fueron legales
En contraste, el INAH ha sostenido públicamente que los trabajos realizados en el Parque de la Memoria Báalam Tun se ejecutaron conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de asegurar que la reubicación de los 47 monumentos arqueológicos contó con dictámenes técnicos y autorizaciones del Consejo de Arqueología del Instituto, como parte de los trabajos derivados del Proyecto Arqueológico Tren Maya.
La denuncia vuelve a colocar en el centro del debate la protección del patrimonio arqueológico durante el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en el sureste del país, particularmente aquellos vinculados con el Tren Maya. Investigadores y especialistas han manifestado en distintas ocasiones posturas encontradas respecto al manejo, traslado y conservación de vestigios arqueológicos recuperados durante las obras.
Con la denuncia ya formalizada, corresponderá a la Fiscalía General de la República integrar la carpeta de investigación, recabar pruebas y determinar si existen elementos suficientes para ejercer acciones legales contra los funcionarios señalados o cualquier otra persona que pudiera resultar responsable. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado sobre el avance de las diligencias relacionadas con este caso.
