Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, tendrá una cita incómoda el 23 de septiembre
A nombre de la ecología y el cuidado del medio ambiente, el gobierno de Samuel García obtiene recursos con un ligero matiz, los impuestos verdes se vuelven poco transparentes debido al manoseo por parte de dos dependencias, la de Medio Ambiente y la de Finanzas y Tesorería Estatal. El resultado es una inestabilidad y opacidad a la hora de la rendición de cuentas.
Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, tendrá una cita incómoda el 23 de septiembre, luego de que la Diputación Permanente del Congreso lo llamó a comparecer para explicar qué ocurre con la calidad del aire, cómo funciona el sistema de alertas por PM2.5 y ozono, cuáles han sido los resultados de la División Ambiental y, lo más importante, cuánto se ha recaudado por los impuestos ecológicos entre 2022 y 2026 y en qué se ha gastado ese dinero.
La propuesta fue presentada por la diputada panista Claudia Caballero Chávez, quien sostiene que las acciones anunciadas por el Gobierno de Samuel García siguen sin traducirse en una mejoría suficiente para la población. Para la cita, Lozano seguramente llegará con cifras. Su propia dependencia informó que durante el primer trimestre de 2026 el promedio de PM10 bajó 25%, de 69.6 a 52.1 microgramos por metro cúbico frente al mismo periodo de 2025, mientras que las PM2.5 disminuyeron 29%, de 24.4 a 17.3.
El problema es que conviven con otra realidad: el Comité Ecológico Integral reportó que durante el primer semestre hubo 114 días fuera de norma por PM10 de un total de 181, es decir, seis de cada diez. Con esta cifras, para los ciudadanos la discusión técnica sirve de poco cuando siguen respirando aire que rebasa los límites establecidos.
Y luego está el famoso Impuesto Verde. Desde 2022, el Gobierno estatal lo presentó como una herramienta para desincentivar la contaminación y financiar acciones ambientales. Ahora, el propio Congreso exige a Lozano entregue el monto recaudado año por año, los programas y proyectos financiados, los contratos, las dependencias ejecutoras, la población beneficiada y los resultados obtenidos. No es una petición menor. Sin embargo, es donde el manoseo de dependencias distorsiona la causa ambiental con la orientación fiscal y financiera en la que se traducen los impuestos. Ahí está el vacío.
Si después de cuatro años los diputados todavía necesitan preguntar con ese nivel de detalle dónde terminó el dinero recaudado en nombre del medio ambiente, entonces existe por lo menos un problema evidente de transparencia y rendición de cuentas.
Pero el nombre de Raúl Lozano también carga con otro expediente: Matrimar. La empresa Materiales Triturados Martínez, ubicada en Cerralvo, denunció en febrero presuntos actos de extorsión después de una serie de inspecciones y clausuras y posteriormente presentó una denuncia penal. El conflicto escaló cuando se difundió un audio atribuido al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, en el que se hablaba de un “pago fuerte” para permitir la operación de la compañía y donde también se mencionaba a Lozano. El asunto adquirió tal dimensión que el 10 de marzo, con 30 votos a favor, el Congreso pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), de Ernestina Godoy, atraer la investigación.
Matrimar tampoco apareció en el vacío. Durante meses, organismos empresariales han expresado preocupación por inspecciones, clausuras y posibles excesos regulatorios. Eso no demuestra que cada actuación de Medio Ambiente haya sido irregular ni convierte las denuncias en sentencias, pero sí explica por qué la Secretaría dejó de ser percibida únicamente como una autoridad técnica. Cuando una dependencia encargada de mejorar la calidad del aire termina siendo mencionada repetidamente en conflictos por auditorías, cierres y presuntos cobros indebidos, el problema ya no es únicamente ambiental. También es de confianza institucional.
