Por Staff
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril de 2026. – La acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de autoridades de Estados Unidos, representa un hecho inédito al dirigir acciones legales contra un político en funciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El Departamento de Justicia sostiene que Rocha y otros funcionarios habrían conspirado para permitir el trasiego de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, a cambio de beneficios políticos y económicos.
El caso incluye cargos relacionados con armamento, crimen organizado y delitos de alto impacto, lo que refuerza la gravedad de las acusaciones.
Analistas señalan que este movimiento refleja un cambio en la estrategia estadounidense, que ahora apunta no solo a líderes criminales, sino también a actores políticos presuntamente vinculados.
La investigación también ha puesto bajo escrutinio a diversas figuras públicas en Sinaloa, lo que podría derivar en una reconfiguración del escenario político en la entidad.
Por su parte, el gobernador ha rechazado las imputaciones y aseguró que demostrará su inocencia, mientras el gobierno mexicano mantiene una postura cautelosa ante el proceso.
El caso amenaza con generar fricciones en la relación bilateral, especialmente en un momento clave para la cooperación en temas de seguridad, comercio y migración.
