Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2025.— La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que tres empresas fueron sancionadas e inhabilitadas temporalmente para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno Federal, tras detectarse la entrega de información falsa en distintos procesos de contratación pública.
Las compañías sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V., Gen Industrial, S.A. de C.V. y Escore Alimentos, S.A. de C.V., de acuerdo con resoluciones emitidas por los Órganos Internos de Control (OIC) en las secretarías de Economía y de Salud.
En el caso de Ravisa Autos del Oriente, el OIC en la Secretaría de Economía determinó imponer una multa de 175 mil 367 pesos, además de una inhabilitación por tres meses, luego de comprobar que la empresa presentó información falsa durante su participación en una licitación para la adquisición de camionetas pick up doble cabina, modelos 2025 o 2026. La notificación de la sanción se realizó el 18 de diciembre.
Por su parte, el OIC en la Secretaría de Salud sancionó a Gen Industrial y Escore Alimentos con multas por 157 mil 685 pesos cada una, así como con inhabilitación por un periodo de tres meses.
En el caso de Gen Industrial, la irregularidad se relacionó con la entrega de documentación falsa en una licitación nacional para el servicio de recolección de residuos. La empresa fue notificada de la sanción el 18 de diciembre.
Respecto a Escore Alimentos, la autoridad detectó información falsa en una licitación para la contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes, específicamente en un documento sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. La notificación se realizó el 19 de diciembre.
Las sanciones fueron publicadas recientemente en el Diario Oficial de la Federación, y las tres empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide celebrar nuevos contratos con el Gobierno de México.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que las resoluciones se emitieron conforme a la ley, bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, y recordó que las empresas cuentan con el derecho de impugnar las sanciones, las cuales, subrayó, serán defendidas por la dependencia en protección del interés público.
