El Sindicato Nacional de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad, encabezado por Arturo Zayún González, lleva al límite la negociación y las afectaciones son millonarias.
A 45 días de cumplirse un año de la huelga en el Monte de Piedad, la Suprema Corte puede entrar en un juego de perder-perder. Y no le conviene al ministro Hugo Aguilar sumar tensión en un tema donde el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, lleva al límite la negociación y las afectaciones son millonarias.
El lunes 24 se discutirá la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 502/2026, relacionada con el amparo en revisión 33/2026 sobre la huelga de Nacional Monte de Piedad. Si decide atraerlo, la Corte se sube a un conflicto que está por cumplir casi un año. Pero además, eso implica solo declarar o no la inexistencia de la huelga, no resolverá el conflicto laboral de fondo. Eso es lo preocupante para las partes en conflicto.
Y es que a lo largo de los meses, el dirigente sindical Arturo Zayún se encargó de convertir las negociaciones y la representación de los trabajadores en este conflicto en intrigas. Debajo de su careta de dirigente sindical, se descubrió que su entorno familiar han acumulado propiedades inmobiliarias en distintos puntos del país. Ese es su verdadero modus vivendi, el de la adquisición de bienes a través de una complicada red de prestanombres relacionada con el dirigente sindical y su familia.
Cabe recordar que el 7 de agosto, trabajadores del Nacional Monte de Piedad acudieron a las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la intervención del máximo tribunal en el conflicto. Durante la protesta, algunos empleados exigieron la salida de Arturo Zayún y manifestaron su intención de regresar a trabajar.
Por ello es que la discusión en la Corte es relevante y poner en el centro los intereses económicos e inmobiliarios de Zayún es una mala señal. La Corte se perfila a una encrucijada.
Los escenarios amenazan la estabilidad de la institución, los trabajadores y los pignorantes. Si lo atrae, retrasa el asunto varios meses más. Si ratifica la inexistencia de la huelga, los trabajadores tendrían que regresar a laborar de inmediato y sin compensación de esos 11 meses conforme a la resolución judicial.
Si, por el contrario, la Corte rechaza la inexistencia, el asunto regresa a su punto de origen, es decir, al Tribunal o a que negocien nuevamente las partes. Ahí es regresar a la mesa con Zayún y sus intereses de negociar sin darle una representación sólida a los trabajadores. Y son ellos mismos los que cuestionan públicamente la representación sindical de Zayún, ya que no corresponde con sus intereses dentro del conflicto que mantiene con el Nacional Monte de Piedad.
Pero aún más grave, su decisión dejaría un precedente enorme: cualquier sindicato puede estallar una huelga sin cumplir sus propios estatutos, sin reglas y sin legalidad. Lo que dejaría a todo el sector productivo a la deriva. Esto es lo que las ministras y ministros tendrán en sus manos el próximo lunes.
