Que Cadereyta sea de competencia federal no elimina, sin embargo, los pendientes locales
El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, encontró nuevamente en la Refinería de Cadereyta una explicación para los problemas ambientales de la zona metropolitana. Después de los olores atípicos reportados desde el 25 de agosto en municipios como Juárez, Guadalupe, Monterrey, Escobedo y García, anunció que viajará a la Ciudad de México para pedir la intervención de Pemex, de Juan Carlos Carpio; Semarnat que dirige Alicia Bárcena, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que comanda Andrea González y el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum. Según el funcionario, el análisis de los vientos y de la dispersión de la pluma apunta hacia procesos de refinación de hidrocarburos.
Que Cadereyta sea de competencia federal no elimina, sin embargo, los pendientes locales. Lozano llegará el próximo 23 de septiembre al Congreso estatal con una larga lista de asuntos por explicar: calidad del aire, funcionamiento de las estaciones de monitoreo, contingencias ambientales, inspecciones, sanciones y, especialmente, el destino de los recursos obtenidos mediante los impuestos ecológicos. Su dependencia también quedó bajo cuestionamiento por el conflicto con Materiales Triturados Martínez (Matrimar), empresa que denunció presuntos actos de extorsión después de inspecciones y clausuras.
El problema es que los señalamientos ya no se quedaron en Medio Ambiente. Alcanzaron también a la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT-NL), encabezada por Fernando Javier Villarreal Caballero. Empresarios denunciaron como hostigamiento los avisos enviados el 12 de agosto para recordar el pago del Impuesto Sobre Nómina de julio, aunque el vencimiento era hasta el día 17. A ello se sumaron embargos contra Amisa y Proyectos Arquitectónicos Preliminares, cuyas causas no fueron hechas públicas.
Villarreal Caballero apenas comienza su gestión, pero recibió una oficina que llega a este episodio en medio de un ambiente empresarial enrarecido. Jorge Santos Reyna, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), había advertido desde mayo que tres de cada 10 empresas afiliadas reportaban inspecciones que consideraban ilegales por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno. El asunto dejó entonces de ser solamente ambiental o fiscal: comenzó a convertirse en un problema de confianza entre empresas y autoridades.
Cobrar impuestos, imponer sanciones ambientales e inspeccionar negocios son facultades del Estado. Nadie tendría que discutirlo. Lo que sí debe explicar el Gobierno de Samuel García es por qué distintas empresas y organismos han terminado utilizando palabras como presión, hostigamiento o extorsión para describir su relación con algunas autoridades. Si cada dependencia asegura simplemente estar cumpliendo con la ley, corresponde al Estado demostrar que esa ley se aplica con criterios iguales, transparentes y sin espacios para la discrecionalidad.
Y lo último que le llueve al Gobierno estatal llegó nuevamente desde Caintra. De acuerdo con información presentada por la Cámara sobre el transporte de carga, parte de las extorsiones reportadas estaría relacionada con posibles actos de autoridades municipales y de Tránsito. Gerardo Escamilla Vargas, titular de Fuerza Civil, respondió que esos señalamientos no corresponden al cobro de piso del crimen organizado y que debían clasificarse correctamente. La aclaración pretende separar un fenómeno de otro, pero deja una pregunta incómoda: si las quejas no apuntan al crimen organizado sino a posibles actos de autoridad, el problema para el Gobierno de Nuevo León, de Samuel García, difícilmente se vuelve menor.
