Por Staff
CHETUMAL, Q. Roo, a 20 de abril de 2026.- El caso del senador Eugenio “Gino” Segura subió de tono: 53 denuncias acumuladas, acusaciones de protección institucional y un presunto gasto de millones de pesos en promoción lo colocan en el centro de una creciente polémica política en Quintana Roo.
El abogado electoral Erick Sánchez acusó la existencia de una red de favoritismos y omisiones legales que —aseguró— ha evitado sanciones por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.
Del total de recursos, 33 fueron presentados ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y 20 más ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, sin que hasta ahora —según el denunciante— se haya fincado una responsabilidad directa.
Uno de los puntos más delicados es el señalamiento de un posible conflicto de interés dentro del órgano electoral: el presidente de la Comisión de Quejas, Julio Israel González Carrillo, habría fungido recientemente como asesor en la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, lo que, de acuerdo con Sánchez, ha derivado en resoluciones parciales.
En el centro de la controversia está la pinta masiva de bardas en los 11 municipios del estado, identificadas con un logotipo de un puño, cuya operación —afirmó— estaría vinculada al abogado Héctor Pérez Rivero.
Sánchez aseguró contar con evidencia de un gasto cercano a 8 millones de pesos en publicidad, eventos y encuestas entre 2023 y 2024, lo que calificó como un “dispendio excesivo” que incluso ha generado inconformidad ciudadana por el uso de espacios sin autorización.
“Nadie es excepción en la rendición de cuentas”, advirtió, al exigir claridad sobre el origen de los recursos.
El conflicto ya rebasó el terreno electoral y alcanza a la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Johana Acosta y Jorge Sanén, a quienes acusó de romper la neutralidad y poner el aparato partidista al servicio del senador.
A pesar de que el Tribunal Electoral de Quintana Roo ordenó reponer procedimientos de fiscalización, el abogado advirtió que el caso podría escalar a instancias federales, ante lo que calificó como falta de voluntad local.
Mientras tanto, las 33 quejas internas en Morena avanzan en etapa de pruebas, en un proceso que —según el denunciante— busca evitar que el uso de estructuras de poder defina candidaturas y garantizar un verdadero “piso parejo” rumbo al proceso interno.
