CIUDAD DE MÉXICO, a 29 de septiembre de 2026.- Millones de mexicanos viven fuera del país y algunos adquirieron otra nacionalidad sin perder la mexicana. Este martes, esa condición quedó en el centro de una discusión en el Senado, donde fue aprobada una reforma constitucional para exigir nacionalidad única a quienes pretendan llegar a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El Pleno avaló el dictamen con 86 votos a favor y 42 en contra, en una votación que abrió posiciones encontradas sobre soberanía, migración y el derecho a competir por determinados cargos públicos. El mismo resultado se registró en la aprobación en lo particular.
La reforma, enviada previamente por la Cámara de Diputados, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política y establece la nacionalidad única como condición para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y estatales, además del Gobierno de la Ciudad de México.
El proyecto pasó ahora a los congresos de las entidades federativas para continuar el procedimiento correspondiente a una reforma constitucional.
El debate llega a los mexicanos en el extranjero
Durante la sesión, Morena, PVEM y PT defendieron la medida bajo el argumento de reforzar la soberanía nacional y establecer condiciones particulares para quienes ocupen los principales cargos ejecutivos.
Óscar Cantón Zetina, de Morena, afirmó que el dictamen no cancela ninguna nacionalidad ni elimina de manera general los derechos políticos de quienes cuentan con doble nacionalidad. En su intervención defendió la modificación como una medida relacionada con la conducción del Estado mexicano.
María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, sostuvo que el proyecto no criminaliza a los migrantes y respaldó la exigencia de nacionalidad única para quien pretenda gobernar el país o una entidad.
Lizeth Sánchez García, del PT, señaló que la iniciativa tampoco desconoce a las familias binacionales ni retira la nacionalidad mexicana a quienes poseen otra ciudadanía. Argumentó que la modificación responde a la intención de reducir posibles influencias externas sobre decisiones nacionales.
🔴 Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 29 de septiembre de 2026. https://t.co/D9JdVZRCkf
— Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026
Oposición cuestiona impacto en migrantes
En sentido contrario, senadores de oposición centraron sus críticas en los efectos que la reforma puede tener sobre los mexicanos que viven en el extranjero y adquirieron una segunda nacionalidad.
Laura Esquivel Torres, del PAN, sostuvo que el cambio constitucional representa una limitación para connacionales que emigraron y posteriormente se naturalizaron en otro país. La bancada panista manifestó públicamente su rechazo al considerar que la modificación restringe el derecho de esas personas a competir por determinados cargos.
También desde el PAN, Miguel Márquez Márquez participó en contra del dictamen durante la discusión de la reforma sobre nacionalidad única.
Por el PRI, Alejandro Moreno Cárdenas rechazó relacionar la posesión de una segunda nacionalidad con una falta de compromiso hacia México y cuestionó que esa condición sea utilizada para limitar el acceso a cargos ejecutivos.
Luis Donaldo Colosio Riojas planteó otra objeción al señalar que la reforma mezcla los conceptos de ciudadanía y nacionalidad. Advirtió que sus alcances incluyen a mexicanos cuyo vínculo jurídico con otro país puede derivar simplemente de haber nacido en su territorio.
La discusión llegó también a las reservas. Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; Maki Esther Ortiz Domínguez, del PVEM, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, senador sin grupo parlamentario, buscaron modificar distintos puntos del proyecto, pero sus propuestas fueron rechazadas por la asamblea.
Al mantenerse el dictamen sin esos cambios, el Senado cerró su etapa de discusión con 86 votos a favor y 42 en contra.
El siguiente capítulo se trasladará a los estados. Como ocurre con las reformas a la Constitución, el proyecto deberá avanzar por los congresos locales antes de poder completar su proceso constitucional.
