VERACRUZ, Ver., a 7 de julio de 2026.- Lo que comenzó como una forma de obtener ingresos para continuar sus estudios universitarios terminó con el aseguramiento de su automóvil y una multa que, según afirma, asciende a 120 mil pesos.
Enrique Vega Mayer, de 22 años y estudiante de Ingeniería en Sistemas del Instituto Tecnológico de Veracruz, denunció que fue sancionado por prestar servicio mediante la plataforma InDriver durante un operativo de la Dirección General de Transporte del Estado.
De acuerdo con el testimonio del joven, un supuesto usuario solicitó un viaje a través de la aplicación y lo condujo hasta un sitio donde ya lo esperaban inspectores y una grúa para asegurar la unidad. Enrique sostiene que todo fue una trampa para detenerlo; sin embargo, hasta el momento esa versión no ha sido confirmada por las autoridades estatales.
Su vehículo fue enviado al corralón y posteriormente, asegura, le notificaron una multa cercana a los 120 mil pesos, cantidad que dice no tener forma de pagar.
“Yo no sabía que era ilegal. La aplicación te pide fotografías del vehículo, revisa tus datos y te acepta. Pensé que no había ningún problema”, aseguró en publicaciones difundidas por medios locales.
El estudiante explicó que decidió trabajar mediante la plataforma para cubrir sus gastos universitarios y continuar con su carrera.
“Es un dinero que no tengo. Si tuviera 120 mil pesos, no estaría trabajando para poder continuar estudiando”, expresó.
La Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz establece que el servicio de transporte público únicamente puede prestarse mediante concesión o permiso otorgado por el Estado y distingue esa actividad del transporte particular. Asimismo, faculta a la Dirección General de Transporte para realizar inspecciones e imponer sanciones cuando detecte infracciones en esta materia.
Mientras tanto, el caso se viralizó en redes sociales, donde usuarios cuestionan el monto de la sanción y piden revisar la regulación del transporte por aplicaciones en Veracruz. Así, el caso de Enrique Vega Mayer ha abierto nuevamente el debate entre la aplicación de la legislación estatal y la realidad de quienes recurren a plataformas digitales como una alternativa para generar ingresos y financiar sus estudios.
