Por Eugenio Pacheco
CHETUMAL, QRoo, a 08 de abril de 2026. – El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para endurecer las sanciones contra el delito de violencia familiar, estableciendo penas de hasta seis años de cárcel y la pérdida de derechos civiles fundamentales.
La nueva legislación, que modifica el artículo 176-Quáter, incrementa severamente los castigos cuando las víctimas pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.
La reforma, impulsada por el diputado Jorge Sanén, coordinador del grupo legislativo de Morena, estipula que quienes cometan este delito enfrentarán una condena de nueve meses a seis años de prisión.
Además, los sentenciados perderán la patria potestad, la custodia, los derechos hereditarios y de alimentos; asimismo, el juez podrá prohibirles residir en determinadas zonas territoriales o acercarse a la circunscripción de la víctima.
Agravantes
El nuevo marco legal establece que las penas aumentarán hasta en dos terceras partes de sus límites mínimo y máximo en siguientes casos donde la víctima sean mujeres embarazadas, caso donde la protección se extiende desde el periodo de gestación hasta los seis meses posteriores al parto.
Adultos mayores, es decir personas de 60 años o más, y también se sanciona más severamente cuando el agresor incurra nuevamente en conductas violentas, la pena se incrementará bajo la misma proporción sobre los límites establecidos.
El legislador explicó que estas agravantes responden a la necesidad de brindar una protección reforzada a quienes enfrentan situaciones de riesgo elevado debido a factores físicos, emocionales o de dependencia económica.
De acuerdo con el dictamen aprobado, si la violencia familiar deriva en la comisión de otros delitos tipificados en el mismo Código Penal, se aplicarán las reglas de acumulación de sanciones correspondientes.
Jorge Sanén subrayó que estas modificaciones buscan fortalecer el marco jurídico ante los índices de violencia doméstica que persisten en la entidad, enviando un mensaje de cero tolerancias.
Con esta aprobación, el Estado busca garantizar que el entorno familiar sea un espacio de seguridad y no de riesgo, reconociendo que existen realidades sociales que exigen una respuesta firme para proteger la integridad y la dignidad de las mujeres y grupos vulnerables en Quintana Roo, dijo el diputado promotor.
